Son cuchillos, machetes y navajas. Todo fue elaborado de forma artesanal por los presos. Ahora, ese material está en poder de los uniformados.
En medio del estado de excepción, que se declaró en el sistema de rehabilitación y que mañana cumple un mes, agentes especiales de la Policía y personal de las Fuerzas Armadas ejecutaron 444 operativos.
En casi todos los 53 centros carcelarios que operan en el país también se han reportado casos de reos que han entregado armas cortopunzantes. La idea es evitar más muertes violentas en las celdas.
De hecho, la declaratoria se emitió luego de que 14 internos fueran asesinados en la Penitenciaría del Litoral y en Cotopaxi. Por eso, en el Decreto se dispuso que los militares se sumaran al control “de las mafias que están creando caos en los centros penitenciarios”.
¿Ha dado resultado el reforzamiento de la seguridad? Entre el domingo y el lunes últimos se reportaron dos fugas: en Tulcán y en Machala.
En la primera ciudad, ocho hombres burlaron los controles y escaparon. Siete fueron recapturados (uno de ellos falleció). Otro aún era buscado hasta ayer.
Testigos dijeron que los internos subieron al techo del centro carcelario y salieron. Todo fue filmado por vecinos. En Machala, otras cinco personas eludieron la vigilancia y huyeron; informes emitidos tras el hecho sostienen que todos fueron detenidos otra vez.
En los exteriores de esta penitenciaría operan militares; en otras zonas son policías quienes apoyan a los guías. De lo que se sabe hasta el momento, los presos salieron por un canchón privado.
Los casos son investigados por la Secretaría de Rehabilitación, entidad que maneja los centros carcelarios y que asegura que el estado de excepción ha dado resultados.
Desde el inicio de esta medida -asegura- solo se ha producido un asesinato en Riobamba. En cambio, hace ocho días se generó una polémica en Turi-Cuenca.
Alias ‘El Mangajo’, sentenciado por abuso de menores, y otra persona procesada por un femicidio fueron captados en fotografías, difundidas luego en las redes.
El Código Penal (art. 275) sanciona el ingreso de objetos prohibidos a las celdas con una pena de uno a tres años. ¿Cómo ingresan los aparatos tecnológicos si hay vigilancia de uniformados? El caso se encuentra en investigación y ‘El Mangajo’ fue trasladado de Cuenca a La Roca, en Guayaquil.
En los complejos carcelarios también hay problemas por la destrucción de las cámaras de vigilancia. En el último año, 100 dispositivos fueron dañados en Cotopaxi, Turi y Guayaquil, en amotinamientos.
El seguro repuso 70 y otras se instalarán en estos días. Con las antenas que inhiben las señales de celulares ocurre lo mismo. Las Fuerzas Armadas hicieron un recorrido y determinaron que los aparatos de la cárcel de Cotopaxi están afectados.
Se prevé que hoy, en un gabinete de seguridad, los soldados presenten un informe sobre otra inspección ejecutada a estos dispositivos en el Puerto Principal.
Dentro del estado de excepción se implementaron circuitos cerrados de televisión en la Cárcel 4 y en El Inca, pues allí hay detenidos que además son testigos protegidos.
En este último se encuentra recluido Daniel Salcedo, investigado por la comercialización de insumos médicos dentro de la emergencia.
Para enfrentar el estado de excepción, Rehabilitación elaboró una estrategia de seis puntos. Para implementar solo los cinco primeros se necesitan al menos USD 2 millones.
Los recursos saldrán del presupuesto para inversión que maneja el ente. El titular del Servicio de Rehabilitación, Edmundo Moncayo, señaló que el dinero ya fue comprometido por Finanzas y se acreditará de acuerdo con el avance de cada proceso.
En el artículo 9 del Decreto firmado el 11 de agosto, se dispuso a Finanzas “situar” los recursos suficientes, para atender las necesidades existentes.
En el momento se emitió la certificación presupuestaria de USD 200 000, el miércoles se prevé realizar el contrato para iniciar obras en La Roca.
En el sistema carcelario otra necesidad es el reclutamiento de nuevos guías. El funcionario solicitó que se garanticen los recursos para contratar al nuevo personal.
El proceso de formación para los aspirantes está estancado desde el 2019, por falta de recursos económicos. Únicamente para este año se requieren USD 3,5 millones.
El año pasado, 497 jóvenes que pasaron pruebas físicas, psicológicas y médicas exigieron certezas, pues no sabían qué iba a suceder con ellos.
“Qué saco yo si abro el curso y no hay dinero para cubrir los sueldos”, señaló Moncayo. Este es el segundo estado de excepción que el Gobierno declara en los complejos penitenciarios que operan a escala nacional.
El primero se emitió en el 2019. En ese entonces, se invirtieron “alrededor de USD 20 millones en alimentación, en equipos, en el fortalecimiento de esta institución”.
Fuente: El Comercio – Nota original : LINK
