Un millón de niños son víctimas de la guerra en Colombia, unos porque fueron vinculados en medio de su inocencia, otros porque nacieron en campamentos guerrilleros y otros porque son parte de los millones de desplazados por el conflicto. La cifra de cuántos menores pueden estar en las filas de los grupos guerrilleros que operan en Colombia no se conoce con certeza, pero el estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atiende en la actualidad a más de 5.700 menores desvinculados de los grupos armados.
Para la Defensoría del Pueblo, “de los cerca de 8 millones de víctimas, oficialmente reportadas como consecuencia del conflicto, 1,5 son menores de edad, de ellos, 493.600 corresponden al rango entre los 0 y los 5 años”. El ICBF reveló a Notimex que entre noviembre de 1999 y marzo de 2016 fueron atendidos 5.969 niños, niñas y adolescentes que sobrevivieron al reclutamiento de los grupos armados ilegales. De ellos, el 60% proviene de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las zonas con mayor incidencia frente a este fenómeno fueron Antioquia, Caquetá, Meta, Cauca y Tolima.
Es en este contexto, donde tiene gran importancia el acuerdo que firmaron el domingo pasado en La Habana, Cuba, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las guerrillas de las FARC, para que los menores de 18 años salgan de los campamentos rebeldes y se incorporen a sus familias y a la vida civil, con todo el apoyo institucional. “Sacar a los niños de la guerra es otra muestra de que pronto terminará este capítulo doloroso de nuestra historia y comenzará uno nuevo: el de la paz y la reconciliación”, aseguró Santos. El pasado 10 de febrero las FARC anunciaron que no reclutarán a menores de 18 años, una decisión que se produce un año después de su compromiso de no aceptar en sus filas tampoco a menores de 17 años. “En febrero de 2015, acordamos finalizar cualquier aceptación de menores de 17 años a nuestras filas.
En aras de avanzar lo más rápidamente posible hacia el fin del conflicto armado, comunicamos al país nuestra decisión de poner fin a la incorporación de menores de 18 años a las FARC”, según un comunicado del grupo guerrillero. Cifras de organismos no gubernamentales estimaron que entre los grupos armados pueden estar más de 10.000 niños y niñas, de los cuales el 60% podría estar en las filas de las FARC, como guerrilleros en zonas rurales o milicianos en las pequeñas y grandes ciudades.
En los últimos 15 años, por los programas sociales del ICBF han pasado unos 6.000 desvinculados de los grupos armados ilegales que operan en Colombia. El reclutamiento de menores para la guerrilla lo hacen grupos como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y los derechistas grupos paramilitares, bandas criminales al servicio del narcotráfico. El Gobierno mantiene negociaciones de paz en La Habana con las FARC desde noviembre de 2012, y está preparando la mesa de negociaciones de paz con el ELN, que es la segunda fuerza insurgente más activa en este país andino.
Los directivos del ICBF aseguraron que la institución tiene la experiencia y los programas necesarios para recibir a los menores de edad que se desvinculen como consecuencia de los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN. Para los psicólogos de la institución, el momento de la acogida del menor que proviene de los grupos armados es clave porque es todo el trabajo psicosocial que deben hacer los profesionales con cada uno de los niños que llega con unas afectaciones psicológicas muy fuertes.
La primera fase de trabajo psicosocial con un niño desmovilizado puede durar 4 meses, ya que ese menor llega con unas vivencias muy fuertes como son su separación familiar, y haber visto vejámenes y crímenes.
El niño queda en manos del Estado hasta que cumpla 18 años de edad y pasará a la Agencia para la Reincorporación, que ofrece una serie de programas de educación y laborales para los desmovilizados del conflicto interno. La Defensoría del Pueblo propuso un catálogo a los negociadores en La Habana con una serie de condiciones mínimas para asegurar los derechos fundamentales de los menores de edad al desvincularse de la guerra. El protocolo fue elaborado y definido por los negociadores y puesto a consideración de la Mesa de La Habana por parte de la Defensoría del Pueblo y otras 15 organizaciones nacionales e internacionales.
