Este miércoles 18 de septiembre, 11 personas fueron detenidas en un operativo interinstitucional; en el que se venía investigando la distribución, en el sur de Quito, de medicina que no contaba con la autorización pertinente para su consumo.

El Art. 217 del Código Orgánico Integral Penal, referido a la producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados, que se sanciona con pena de tres a cinco años de pena privativa de libertad. Imagen referencial: ShutterStock

Durante el allanamiento a las bodegas de la distribuidora de medicinas MR Provida, en La Biloxi, en el sur de Quito. Los aprehendidos son sospechosos de distribuir medicamentos caducados y adulterados. 

La alerta para que se investigue este caso fue emitida desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El operativo se desarrolló entre la Fiscalía, Secretaría Anticorrupción y Policía Nacional.

El operativo se efectuó en las instalaciones del excolegio Eugenio Espejo, luego de que se determinara, según las investigaciones– que la distribuidora habría comercializado medicamentos sin autorización de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), posiblemente caducados, adulterados y otros cuya venta está prohibida por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Como evidencia se decomisaron 222 cajas grandes con diferentes marcas de medicamentos y 616 cajas pequeñas, con el logotipo “Aprocal”

Al parecer, esta operación ilícita venía desarrollándose desde hace 6 meses, indicó la Fiscalía.  Las órdenes de detención se hicieron efectivas en contra del representante legal de MR Provida, el contador, los encargados de facturación de contratación pública y personas que fueron encontradas borrando de los cartones de medicinas la prohibición de venta del MSP.

La audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos se instalará al mediodía de este jueves 19 de septiembre. 

Siempre actuaremos con firmeza contra la corrupción. Ratificamos el compromiso del Gobierno Nacional de enfrentar cualquier acción ilegal que atente contra la ciudadanía. Con la salud de los ecuatorianos no se puede jugar”, destacó Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del IESS.

 

DATO:

El presunto delito cometido se establece en el Art. 217 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referido a la producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados, que se sanciona con pena de tres a cinco años de pena privativa de libertad.

Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK