La falta de respuestas y la aparente indolencia de las autoridades ante los casos de víctimas de abuso o desapariciones por parte de la fuerza pública, llevan a los familiares de las víctimas a buscar justicia por diversos mecanismos, en una incansable lucha para encontrar la verdad. Falta de minuciosidad en mecanismos de selección, carencia de valores y un falso espíritu de cuerpo son razones que encontraron los panelistas de Más Allá de los Hechos como raíz del problema.

En Más Allá de los Hechos, Ana Changuín, viceministra de Gobernabilidad, señaló que la impunidad en el país responde a un problema estructural del Estado, que busca ser cambiado por el Gobierno a través de la reforma de políticas y estrategias que protejan a las víctimas y se reduzcan los delitos como los abusos sexuales y las desapariciones.

En cuanto a la violencia contra las mujeres, Changuín aseguró que se requieren medidas integrales, las cuales se están implementando desde el Ejecutivo, a través de políticas públicas con enfoque de género. «Hay un compromiso serio de transversalizar políticas concretas para la igualdad», dijo la viceministra, y anunció que para los próximos días el presidente Guillermo Lasso suscribirá un Decreto con un paquete de medidas para fortalecer los sistemas existentes y aunque no detalló los cambios que se darán, adelantó que se incrementará el presupuesto para la prevención de la violencia.

Destacó la creación de la mesa de diálogo conformada por el Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos y diversos sectores sociales, para fortalecer las políticas contra esta problemática. «No se trata de crear un doble sistema de protección, sino de potenciar el que ya existe», precisó Changuín.

Reconoció que la sensación de impunidad es algo que se debe combatir desde todas las instituciones, a través de la promoción de procesos de investigación «responsables, efectivos y transparentes». Enfatizó en que la Justicia debe operar de forma adecuada, para que el trabajo investigativo no «se caiga» a medio camino. Asimismo, manifestó que las falencias al interior de las instituciones estatales no son exclusivas de la Policía o las Fuerzas Armadas, sino que es un mal social que debe modificarse y erradicarse. «No vamos a tratar de tapar el sol con un dedo (…) sucede a nivel educativo y de salud, se deben promover estos cambios en patrones de conducta», apuntó.

Changuín afirmó que el presidente Lasso es un mandatario que «sí escucha» las sugerencias de su equipo de trabajo y que se mantiene sensible ante estos dolorosos hechos. Insistió en que las labores y cambios que se están implementando en el Ejecutivo «no inicia hoy», sino que responde a una estructura que ya funciona en el país.

Frente al anuncio de Lasso, sobre derrumbar el «Castillo de Grayskull», nombre con el que se conoce a la residencia de oficiales en la Escuela Superior de Policía y donde se habría cometido el asesinato de la abogada María Belén Bernal, Changuín consideró que «los símbolos son importantes (…) no me genera una preocupación particular. Yo creo que el mensaje de sensibilidad fue claro», finalizó.

Por su parte, Wagner Bravo, exjefe de Estado Mayor del Ejército, señaló que la fuerza pública tiene que ser una pasión y una vocación para quienes desean integrarla, pero si existe una «grave crisis de valores» como la que vemos actualmente de forma generalizada en la sociedad, resulta muy complejo que instituciones como las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional se mantengan ajenas a esa problemática.

Uno de los problemas que pudieron desembocar en la situación por la que se atraviesa es que durante el gobierno de Rafael Correa «metieron mano» al Ejército ecuatoriano y se permitió la entrada «de todo el mundo», sin análisis previos de ningún tipo. En el caso de la Policía, dijo, no se puede formar en 6 meses a sus miembros, sino que necesitan pasar por un proceso especial de «abstracción» para que se profundice en valores y otros aspectos que garanticen su buen accionar con las armas que se les dota.

Hugo Espín, abogado penalista, explicó que la responsabilidad administrativa – disciplinaria que se maneja al interior de las entidades garantes de Derechos es un ámbito, pero otro distinto es el judicial, el cual recae exclusivamente en la Fiscalía y los jueces que se encargan de llevar adelante las investigaciones en materia penal.

En este sentido, precisó que no se puede poner la excusa de que las labores investigativas no han avanzado en un determinado caso con el motivo de que los organismos involucrados «no han colaborado». «La Fiscalía tiene el poder de requerir a través de un mandato judicial que se cumpla con la disposición de manera impositiva; las sentencias se ejecutan, no se disponen», añadió.

Recordó que la Constitución determina la jerarquía de las leyes y normas y cómo deben aplicarse, para preservar la garantía de los derechos ciudadanos. Por otro lado, insistió en la necesidad de distinguir entre las responsabilidades de las personas y de las instituciones a las que pertenecen. En el caso de la desaparición y asesinato de María Belén Bernal, Espín recordó que, a Germán Cáceres, esposo y principal sospechoso del crimen, lo tuvieron en la sede de la Fiscalía por 8 horas, donde no se encontraron elementos para la formulación de cargos, ni se solicitó medidas de aseguramiento.

Una falta de inversión en la educación y en las fuerzas del orden, también resulta urgente, según Espín. «Tenemos una Policía que no ha recibido uniformes en 11 años, pero les exigimos trabajo cotidiano», lamentó y reiteró que «el Estado es corresponsable de que las entidades puedan cumplir con sus funciones».

María Fernanda Restrepo, hermana de Santiago y Andrés, desaparecidos en 1988, lamentó que desde ese entonces «muy poco ha cambiado» en cuanto al proceder de la Policía Nacional y de la operación del sistema de justicia. «Ellos siempre han pretendido decir que estos son casos aislados que no tienen que ver con la institución», criticó Restrepo, y aseguró que no es así, pues en repetidas ocasiones se ha visto a miembros policiales u operadores de justicia involucrados en estos delitos.

Asimismo, rechazó que las prácticas como la modificación de la escena del crimen y la eliminación de evidencias sean prácticas que continúan practicándose en estos casos. «No actúan solos; y un problema muy grave que veo en estos 34 años es la estructura de jerarquía», rechazó Restrepo, aduciendo que a eso se debe el silencio cómplice de muchos cadetes que escucharon la violencia que se desataba en contra de María Belén Bernal y no se hizo nada para evitarlo.

Mira el programa completo: 

Noticias relacionadasMás noticias del periodista

AnteriorSiguiente