La gestión de la Asamblea Nacional durante 2022 se ha visto empañada no solo por su disputa con el Ejecutivo sino por las diferencias entre legisladores, pugnas políticas y hasta acusaciones de actos de corrupción. En Notimundo Estelar, Libia Rivas, abogada y experta en derecho parlamentario, afirmó que ahora, el principal reto del Legislativo, es la percepción que tiene la ciudadanía de su gestión, de cara a la consulta popular que plantea tres preguntas relacionadas con la Asamblea.

Foto: Asamblea Nacional

Para Rivas, actualmente se vive una crisis de representación al interior del Parlamento como resultado de las últimas reformas al Código de la Democracia que pretendieron, a decir de Rivas, fortalecer los movimientos y partidos políticos lo cual “no ha sucedido”.

Rivas explicó que la Asamblea tiene dos roles: uno legislativo y otro de fiscalización y control político. En este sentido, reconoció el trabajo de la Asamblea en el ámbito legislativo y destacó que en el Registro Oficial están publicadas 36 leyes de las cuales, las 10 primeras, si bien las aprobó esta administración, iniciaron en el periodo anterior. Al menos 8 normativas ya publicadas, pertenecen a la actuación del actual presidente Virgilio Saquicela. “A manera cuantitativa podríamos señalar que hay una labor del Parlamento porque no es posible aprobar las leyes si no trabajan las comisiones especializadas”, resaltó.

Resaltó que, tras las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las decisiones de la Comisión de Fiscalización terminan en el Pleno de la Asamblea. “Este es un rol estrictamente político por eso vamos a ver cómo los intereses de los diferentes movimientos y organizaciones políticas entran en juego sobre todo en los mecanismos de fiscalización”, dijo Rivas.

Además, manifestó que hay una percepción negativa porque la calidad de las decisiones que está tomando la Asamblea no necesariamente están a tono con las demandas de la ciudadanía.

Según Rivas, en el transcurso de este periodo legislativo, se ha visto que ha habido un permanente sube y baja en la relación con el Ejecutivo. En este enfrentamiento la ciudadanía ha ido “perdiendo la credibilidad respecto del trabajo de los legisladores”, finalizó.

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