La madrugada del 30 de septiembre de 2010, en el Regimiento Quito No. 1. 800 uniformados de la Policía Nacional se congregaron en los exteriores del lugar, en rechazo a la Ley Orgánica de Servicio Público.
Ante esto, el entonces presidente, Rafael Correa, se dirigió a los manifestantes y les aseguró que no se daría marcha atrás a la aprobación de la Ley, esto molestó a los policías.
Al mismo tiempo, en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, cerca de 400 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se unieron a la protesta y se tomaron la pista. Mientras que en la Asamblea también se dieron disturbios, 30 policías de la escolta legislativa impidieron el ingreso de los legisladores.
En el Regimiento, la situación se volvió caótica, cuando Correa intentó abandonar las dependencias, fue agredido. Una vez que salió del lugar, el primer Mandatario fue trasladado al Hospital de la Policía para recibir atención médica. Horas más tarde, Correa anunció que estaba secuestrado en esta casa de salud.
Posteriormente, se declaró el estado de Excepción con el que se autorizó la intervención del Ejército.
Ahora, nueve años más tarde, los pronunciamientos en búsqueda de justicia continúan, el asambleísta César Carrión pide a las autoridades de control que se investigue a los responsables de manipular los procesos penales en contra de policías y civiles.
#ExclusivasNotiMundo | #HugoEspín, abogado defensor de los casos del #30S, comentó que hay nuevos elementos que delatarían que el trabajo de la Justicia fue inducido desde el poder político, para acusar «ilegalmente» a #policías. pic.twitter.com/9FTmb7YKMo
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También tras la investigación del caso Sobornos 2012 – 2016 se reveló que la exasesora presidencial Pamela Martínez y Rafael Correa habrían ofrecido dinero y hasta una casa a dos expolicías para que incriminen a sus compañeros en el caso de supuesto intento de magnicidio durante la sublevación policial del 30S, así lo denunciaron los agentes que fueron acusados.
Desde la Asamblea Nacional, aseguran haber sido perseguidos por el Gobierno anterior y por los jueces que estaban a cargo de los temas del 30S, más aún si no se alineaban con la teoría de un presunto intento de magnicidio.
#HugoEspín: «Las consecuencias las estamos viviendo hoy… Con el recrudecimiento del tema de la seguridad en el país.» #30S #NotiMundoalaCarta pic.twitter.com/z5xZRtk1SK
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“El expresidente de la República directamente, Laura Terán coordinaba mis invitaciones dentro del palacio de Gobierno, ellos me ofrecieron casa, salud y vivienda para que yo incrimine a mis compañeros”, expresó Nelson Puentestar, excabo de Policía.
Entre uno de los casos más conocidos en el 30S, la Fiscalía General del Estado ha llamado a 29 personas a rendir su versión dentro del caso que investiga la muerte del cabo Froilán Jiménez.
#HugoEspín: «Aparecieron nuevos elementos que permiten la reapertura de los archivos de este proceso.» #30S #NotiMundoalaCarta pic.twitter.com/br1tLaL7TX
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Las comparecencias deberán realizarse entre el 14 y 22 de octubre. Entre los convocados por la fiscal Diana Salazar están el exmandatario Rafael Correa, el exministro del Interior, Gustavo Jalkh; el exministro de Defensa, Ricardo Patiño; la exministra de Justicia, Rosana Alvarado; y el exalcalde de Quito, Augusto Barrera.
