En la audiencia de formulación de cargos, realizada en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo, el fiscal de la Unidad Antilavado de activos, que lleva el caso, presentó 45 indicios, entre los que constan información financiera, informes de la Superintendencia de Compañías, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Así también, solicitó al juez –de manera justificada– que dicte prisión preventiva contra los procesados, pedido que fue acogido parcialmente. El magistrado dictó prisión preventiva contra Cristhian J., Vicente S. y Christian Andrés R.; mientras que a Gabriela A., Natalia G. e Iván G., les dispuso prohibición de salida del país y presentación periódica.
Además, ordenó la retención de cuentas bancarias de los procesados, así como la incautación de 5 automóviles, 5 motocicletas y de 6 bienes inmuebles (4 en Santo Domingo, 1 en Manta y 1 en Quito).
El fiscal indicó que los allanamientos se efectuaron en el marco de una investigación previa a la empresa PipMaster Cía. Ltda., la cual presuntamente estaría dedicada a la captación ilegal de dinero. Fue reportada por la Superintendencia de Compañías, ya que no contaba con autorización para realizar operaciones de casa de valores.
Según las investigaciones, la empresa PipMaster ofrecía rendimientos que iban desde el 8% mensual. Con el objetivo de diversificar el dinero de origen presuntamente ilícito, se habría desarrollado un esquema societario con compañías que ofrecían productos y servicios.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.
