Según el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope), las deudas tienen que ver con la devolución de impuesto al valor agregado (IVA) de 2017 y 2018; así como inversión de riego de 2017 y del programa Fingad. El Gobierno también adeuda rubros referentes a dragado.
Pero la acreencia más importante es la que tiene que ver con las acciones que fueron compradas por el anterior Gobierno a los diversos gobiernos seccionales. Es que la disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley de Servicio Público y Energía Eléctrica, vigente desde el 16 de enero del 2015, establece la compra de las acciones que con las que cuentan 14 GAD provinciales por $ 116,7 millones y que hasta la fecha no se ha cancelado.
Aunque la reunión fue reservada en la Plataforma Gubernamental, a la salida Edwin Miño, director ejecutivo de Congope, explicó que esta fue más que nada informativa, en la cual la ministra Viteri les dejó entrever que hay voluntad del Gobierno de hacer los pagos.
Sin embargo, indicó que uno de los mayores problemas que existe actualmente es que el pago de las eléctricas se debería hacer en bonos.
Esto está supeditado, agregó, a que se resuelva el pronunciamiento de la Contraloría sobre la deuda y su porcentaje con respecto al PIB.
Para Miño, esto podría solucionarse haciendo una interpretación de la decisión. Al momento, comentó, la modalidad de contabilizar la deuda de manera consolidada sigue vigente. Explicó que desde 2015 el gobierno anterior hizo una propuesta de pago con bonos o con papeles del Banco Central del Ecuador (BCE).
Gustavo Baroja, presidente del Congope y prefecto de Pichincha, dijo que se llegaron a acuerdos con la ministra, y que se está trabajando en una fórmula de pago.
