Con 59 firmas de respaldo, un grupo de legisladores de las bancadas del movimiento CREO, el Partido Social Cristiano y la Bancada de Integración Nacional (BIN) presentaron el pasado jueves un pedido de juicio político en contra de la canciller por supuesto incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis de la frontera norte, migración y política exterior.
Carlos Estarellas Velásquez, analista internacional, explicó a EL UNIVERSO que «la elección (en la ONU) no afecta porque ya ha sido elegida pero debe responder de los actos dentro de la Cancillería. Así renuncie, debe estar presente en el juicio y siempre afectará su imagen, pero es independiente a su elección».
Para el analista Pedro Moreira Peña, un posible juicio político «no debería afectar (la elección en la ONU) porque son organismos distintos». Esto porque «el juicio es en virtud a incumplimiento de funciones, no por delitos como genocidio o contra el Estado», precisó.
Sin embargo, expertos en jurisprudencia como Medardo Oleas Rodríguez, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, creen que «el juicio político no tiene mucha base ni fundamento. No es procedente». Para él, lo que se debe hacer es pedirle prudencia a la canciller (asumirá en la ONU en septiembre próximo) para «los respaldos públicos que hace para Venezuela».
