Este miércoles 1 de agosto el juez Claudio Bonadio ordenó la detención de más de 15 exfuncionarios y empresarios y citó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a declaración indagatoria el 13 de agosto próximo junto con varios de sus antiguos subordinados. Los detenidos están acusados de formar parte de una «asociación ilícita» que recibía sobornos de contratistas de obra pública.
Entre los detenidos figuran el ex secretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, y los empresarios Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, de IECSA, la empresa constructora que perteneció a la familia del actual mandatario Mauricio Macri. Otro de los detenidos es Walter Fagyas, extitular de la empresa energética Enarsa.
Los empresarios acusados o detenidos están vinculados a negocios de energía y construcción que se manejaron desde las principales oficinas de Planificación durante las gestiones de la expresidenta (2007-2015) y de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).
La oleada de arrestos se produjo un día después de la aprehensión de Oscar Bernardo Centeno, chofer de Roberto Baratta, mano derecha del exministro de Planificación Julio de Vido, el exhombre fuerte del “kirchnerismo” detenido en otra causa de corrupción en la mina de carbón de Río Turbio, en la Patagonia.
Centeno cayó tras ser acusado por su exesposa de ser el encargado de transportar bolsos repletos de dinero producto de sobornos pagados por empresarios a Baratta para hacerse de obra pública.
Según la prensa local, el chofer anotó durante una década en una libreta azul todos sus movimientos para retirar los bolsos con dinero, con montos y direcciones precisas y rasgos o nombres de quiénes los entregaban. Desde el “kirchnerismo” no tomó por sorpresa esta medida judicial.
Bonadío procesó a la expresidente en varias causas por “asociación ilícita, corrupción y lavado de dinero”. El juez es considerado el “enemigo público número uno” de la expresidenta, quien en el pasado lo acusó de llevar adelante una “persecución” en su contra.
Además, voceros del “kirchnerismo” remarcan que “casualmente” la decisión judicial se tomó en coincidencia con una fuerte caída en la imagen de Macri y en medio de una grave crisis económica y social que puso en jaque al gobierno y que reflotó una eventual candidatura presidencial de Cristina, como la conocen todos en su país, en 2019.
Bonadío llegó a acusar a la exmandataria de “traición a la Patria” en la causa que investiga un presunto encubrimiento a los autores iraníes del atentado a la mutual judía AMIA de 1994, una acusación juzgada “inverosímil” por Human Right Watch y desechada finalmente por la Cámara Federal, que sí ratificó la causa por encubrimiento.
Pero, ¿qué investiga Bonadío? La ruta de coimas millonarias que involucraría a diversos empresarios beneficiados con importantes contratos de obra pública en el sector de la construcción y la energía en los 12 años de gobierno “kirchnerista”.
En total el juez ordenó 34 allanamientos. Cristina Kirchner no fue la única citada en la causa. También deberán concurrir al despacho del juez los exfuncionarios José María Olasagasti, secretario privado del exministro De Vido; el extitular de inteligencia Oscar Parrilli y el ex jefe de gabinete y actual senador Juan Manuel Abal Medina, además de varios empresarios.
Según el conservador diario La Nación, la investigación de Bonadío “relaciona a muchas de las compañías constructoras y energéticas más importantes del país que durante años entregaron millones de dólares en efectivo al exsubsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación Federal».
Fuente: El Telégrafo
