Esta decisión se tomó la mañana de este miércoles 29 de agosto del 2018. Según la jueza su fallo se fundamentó en que el delito que se le acusa a Larrea, este es tráfico de influencias, lo cometió en el 2013, previo a la aprobación del Código Integral Penal.
Además, la autoridad dijo que en el 2013, Larrea no era funcionaria pública y resaltó que la mujer aceptó su responsabilidad en el proceso judicial. Durante la audiencia de esta mañana, la jueza ordenó también una reparación integral.
Según los peritajes, el monto que se ha afectado al Estado es de USD 459 000. La investigación de este caso se inició cuando la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal en donde se señalan una serie de irregularidades, en un proceso de contratación de servicios de limpieza para los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo.
Actualmente, la acusada cumple su pena en el Centro de Rehabilitación de Latacunga y es la única de cuatro investigados que se sometió a un proceso abreviado, un recurso judicial con el que logró la reducción de la condena. Para el resto de los involucrados se ordenó el llamamiento a juicio y su audiencia se encuentra pendiente.
