Al prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, se lo implica en presuntas irregularidades, entre ellas: testaferrismo, nepotismo, falsificación de documentos, incumplimiento de resoluciones judiciales, favoritismos en adjudicación de contratos, venta ilícita de bienes y uso indebido de dinero público. Algunas de ellas son investigadas por entes de control. Denuncias y documentos hablan de nepotismo y testaferrismo.
Entre las principales anomalías que envuelven al prefecto Curicama, consta el supuesto delito de nepotismo: corruptela política caracterizada por el favoritismo familiar, por la dispensa de honores, dignidades, cargos y prebendas a los parientes o allegados de los funcionarios, sin evaluar las capacidades o los méritos que poseen para el cargo. En la página de Transparencia de la institución consta que familiares cercanos al Prefecto y su esposa forman parte de la nómina del GAD Provincial de Chimborazo.
Según el jurista Guillermo Haro, “efectivamente tienen en cargos públicos en el Consejo Provincial de Chimborazo a sus agnados, cognados, consuegro, sobrinos, hermanos. Son parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”, lo cual está prohibido por la ley. Patricia Herrera, viceprefecta de Chimborazo en el período 2009-2014, confirmó que hay más irregularidades.
“Durante un encargo de la Prefectura recibí dos contratos ya elaborados, simplemente para que yo firme. Eran contratos a nombre de los señores Lema Gadvay, sobrinos políticos del Prefecto”. Según los denunciantes, estos servidores públicos estarían inmersos en el delito de testaferrismo, al igual que otros tres trabajadores.
Fuente: El Telégrafo Nota Original LINK
