La historia de Latino América ha estado acompañada de momentos dolorosos y devastadores para el pueblo y sus derechos. Fuertes dictaduras moldearon la vida política de grandes países de la región, como Argentina en 1976, Brasil en 1964, Chile en 1973, entre otros; que dejaron secuelas sociales irreparables y que aún rondan la memoria del continente.
Estos regímenes dictatoriales perpetraron crímenes de estado en contra de los derechos civiles; especialmente, en contra del derecho a la libertad de pensamiento, prensa y expresión. Por lo tanto, muchos fueron los perseguidos políticos que sufrieron represalias al oponerse a estos gobiernos.
En Chile, por ejemplo, en una carta recogida por el diario El País en 1999, se logró vincular al dictador Augusto Pinochet con la «Operación Condor«; una misión de sus Fuerzas Armadas encargada de la «neutralización de los principales adversarios de la Junta de Gobierno», a través de su asesinato.
Para el doctor en Ciencias Sociales y analista político, César Ulloa, es precisamente de esta vulneración de los derechos y garantías jurídicas de los ciudadanos de donde nace la «persecución política«. «Una forma de este tipo de persecución es tener la justicia en contra de quienes deliberan una manera de pensamiento propio«, asegura.
Además, es importante señalar que, según el doctor Ulloa, este hecho se presenta de dos maneras principalmente: a través de la judicialización de la política, es decir, cuando el Poder Ejecutivo ejerce control sobre el Poder Judicial; y cuando el estado trasgrede los derechos civiles, como en las dictaduras mencionadas anteriormente, a través de la tortura, el asesinato, entre otros.
Por lo tanto, la clave para que este hecho suceda es la falta de un estado democrático de derecho. Pues en un estado como el Ecuador, la constitución y los convenios internacionales a los que se ha suscrito le obligan a respetar y garantizar procesos judiciales basados en los derechos humanos.
Sin embargo, en los dos últimos años, se ha escuchado constantemente este término en casos emblemáticos de corrupción perpetrados por funcionarios del anterior gobierno del Ecuador, como el del exvicepresidente Jorge Glas o, recientemente, el del excanciller Ricardo Patiño. Incluso, figuras de la Revolución Ciudadana, como Virgilio Hernández, han denominado estos procesos como «una clara persecución política«.
.@virgiliohernand: «No hay elementos que configuran el presunto delito de instigación.» #RicardoPatiño #NotiMundoalaCarta pic.twitter.com/dvofOqCS8K
— NotiMundo (@notimundoec) 23 de abril de 2019
No obstante, después de analizar las características de esta terminología, es natural preguntarse ¿Cómo pueden equiparase casos de asociación ilícita, plagio o corrupción con la vulneración del derecho a la libertad de pensamiento, asesinato y secuestro a opositores de las grandes dictaduras?
Para el doctor Ulloa, estos exfuncionarios se han apoderado de este término como una forma de «revictimización» donde su utilización ha perdido el sentido. «No puede decirse que la asociación ilícita, por ejemplo, es una persecución cuando hasta la saciedad se ha demostrado que Glas estaba involucrado con el caso Odebretch«, afirma.
Por lo tanto, es importante que la sociedad regrese a analizar verdaderos casos de persecución política, como el de Leopoldo López en Venezuela, para no dejar que el presente político de un país insensibilice una realidad que marcó la historia de toda una región.
Redactado por: José Luis Cañizares
Escucha el análisis completo del doctor en Ciencias Sociales, César Ulloa, aquí:
