El tema del aborto en casos de violación está dentro del debate de la reforma al Código de Salud. En este contexto, los grupos defensores de los Derechos Humanos, han abogado a favor de de esta resolución, debido a que se la considera parte de la reparación integral de víctimas que tiene que ser proporcionada por el Estado. Por otro lado, las agrupaciones ‘provida’ aseguran que esta reforma es inconstitucional, porque la Carta Magna defiende la vida desde la concepción.
La abogada experta en Derechos Humanos, María Dolores Miño, explicó que los tratados internacionales a los que está suscrito el país han ratificado repetidamente que negar la posibilidad de la mujer de abortar, cuando ha quedado embarazada producto de una violación, es proporcionar un trato cruel y degradante hacia la víctima.
«En el Ecuador hay alrededor de dos mil niñas embarazadas por violación al año. ¿Cuántas niñas más se necesita para que se cambien las regulaciones que les obligan a ser madres de manera forzada?», comentó la experta.
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Sin embargo, según Linda Arias, miembro de la Red Vida y Familia, las cifras sobre la cantidad de mujeres y niñas que quedan embarazadas durante una violación «están infladas«; por este motivo, se considera que no es necesaria una regulación para terminar el embarazo, sino leyes que criminalicen la violación.
«Las posibilidades de que se produzca un embarazo durante una violación son muy pocas, por la adrenalina y demás problemas que se generan en el acto. Qué puntería tiene que haber para que esto suceda«, enfatizó Arias.
Para la abogada María Dolores Miño, la posición del Estado sobre este asunto debería fundamentarse en los siguientes hechos: en primer lugar, el Ecuador es un estado laico y, por lo tanto, «no hay cabida para argumentos de carácter moral o religioso». Además, la reforma propuesta no obliga a las mujeres y niñas víctimas de violación a abortar, sino que les da la «oportunidad de escoger» terminar con un embarazo forzoso; que «puede causar más sufrimiento del que ya pasaron cuando el acto fue perpetrado«.
Por otro lado, según Linda Arias, el aborto no puede ser despenalizado en este caso debido a que esto haría que las mujeres pasen por un «doble crimen«; pues aparte de la violación, se estaría «cometiendo un asesinato«. De hecho, asegura que «el Estado no puede pagar por un ‘sicariato’. Porque eso es lo que haría: estaría pagando por matar niños«.
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No obstante, María Dolores Miño explicó que dentro de la despenalización del aborto, se consideran ciertas regulaciones, como la del tiempo de gestación. Esto se debe a que, según las corrientes científicas tomadas por varios tratados de Derechos Humanos internacionales, dentro de las primeras semanas de embarazo, lo que se encuentra en el vientre materno es «una acumulación de células (cigoto), no un niño», agregó.
.@LoloMino: «No estamos matando una mujer. Porque cuando se autoriza este proceso se hace en determinada semana.» #aborto #NotiMundoEstelar pic.twitter.com/xJe7u2wxmX
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