La presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, envió al Consejo de la Judicatura un análisis jurídico a la metodología de evaluación del alto tribunal y establecieron su postura frente al proceso.
El pasado 4 de julio del 2019, el director de la Judicatura, Pedro Crespo, dio a conocer a los jueces un documento donde se explica en qué consistirán los parámetros de valoración cualitativos, cuantitativos, de legitimidad y transparencia.
En el oficio que la Corte respondió a la Judicatura se establece que los magistrados están dispuestos a seguir el proceso para valorar su “conducta, idoneidad y desempeño como funcionarios públicos”. Sin embargo, manifiestan que evaluar la legitimidad y transparencia “transgrede el principio de legalidad”.
Por ejemplo, en cuanto a la legitimidad, la Corte considera que se mezclan procedimientos de evaluación y disciplinarios. Según los jueces, hacer ese análisis “pone en duda la legalidad de las resoluciones judiciales y vulnera la seguridad jurídica”.
En relación con la transparencia, los jueces indicaron que la Contraloría General es el único organismo que tiene la “facultad legal para examinar las declaraciones patrimoniales e investigar presuntos casos de enriquecimiento injustificado y no el Comité Evaluador.
El alto tribunal también indicó que el proceso de evaluación debe basarse en “criterios objetivos, que garanticen la independencia judicial y el respeto a los derechos de los jueces y conjueces”.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
