El lunes 14 de octubre del 2019, después de que el Gobierno aceptara el pedido de los movimientos indígenas de derogar el Decreto 883 y se pusiera fin a un paro de 11 días, la Defensoría presentó un informe con registros de ocho muertes en el país, en el contexto de las protestas.
Sin embargo, el martes 15 la ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que en los registros de la Cartera de Estado había seis fallecidos y todos por causas “accidentales”: un atropellamiento y cinco precipitaciones (caídas).
Este miércoles, el Defensor del Pueblo ratificó el informe: “Hemos documentado que ocho personas murieron en el contexto de las protestas sociales”.
“No podemos decir si (la causa de esas muertes) fue accidental o si fue directamente provocada por la fuerza policial, por ello es la necesidad de levantar esta Comisión Especial (para) que investigue y llegue a determinar las verdaderas causas que provocaron dichos fallecimientos”, dijo el Defensor.
La Comisión, enfatizó Carrión, “sobretodo” investigará qué ocurrió con “las personas que se encuentran heridas y que muchas de ellas presentan lesiones permanentes, como pérdida de un ojo o incrustaciones de perdigones en su rostro y en su cuerpo”.
Fuente: El Comercio, nota original: LINK