Él asegura que este beneficio llega a personas que no son parte de la Ley de Servicio Público: hijos, cónyuges y madres de las exautoridades. Por eso pidió que se suspendieran inmediatamente los pagos a estas personas.
Su propuesta pasó el primer filtro en el pleno y consiguió 71 votos, solo con la oposición de la bancada de Revolución Ciudadana. Este debate coincidió con la decisión que tomó el presidente Lenín Moreno para que su pensión como exvicepresidente (2007-2013) sea devuelta al presupuesto.
Alarcón sostiene que se animó a presentar la moción porque se debe terminar con las presuntas irregularidades que existen en estos pagos. Él cuestiona que terceras personas reciban cada mes ese dinero, atentando contra la Ley de Servicio Público.
En su análisis entran los casos del expresidente Jamil Mahuad, que tiene como beneficiaria a su hija; del exmandatario Abdalá Bucaram, que puso como beneficiaria a su esposa, o del expresidente Rafael Correa, de quien su hermana realiza el cobro. Además está el caso del exvicepresidente Alberto Dahik, que puso como beneficiaria a su madre. También el de los hijos del expresidente Jaime Roldós.
A su criterio, ellos debieron recibir esta pensión hasta cumplir los 18 años de edad. Alarcón sostiene que el Ministerio de Finanzas debe señalar quién autorizó estos desembolsos y la Contraloría indagar si existieron irregularidades y sancionar. Cada año, el Estado entrega 1,2 millones de dólares para cancelar las pensiones a los exmandatarios.
El asambleísta de Integración Nacional sostiene que lo mejor es acabar con este pago y ahorrarse esos rubros. Él no está solo en esta iniciativa. Su colega Jaime Olivo, de Pachakutik; la independiente Mae Montaño, y el legislador de CREO, Henry Moreno, coinciden con él.
Fuente: El Telégrafo, nota original: LINK
