Fausto Jarrín, el abogado que solicitó las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que el Estado debe garantizar que la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, no pierda su puesto de elección popular.
“La única manera de evitar que el Estado luego sea sancionado por la eventual pérdida del cargo en la Prefectura es permitirle a Paola Pabón defenderse en libertad”, declaró la mañana de este sábado 7 de diciembre.
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Jarrín anunció que el lunes 9 de diciembre, junto con los demás abogados, presentará algún recurso legal para lograr la liberación de Pabón, el exasambleísta Virgilio Hernández y el activista político, Christian González, procesados por supuesta rebelión tras las protestas de octubre.
Según el defensor, este fin de semana se reunirá con los demás abogados y resolverán la estrategia legal. Una opción es presentar acciones del protección en el ámbito constitucional. El segundo camino es pedir un cambio de medida cautelar ante la Corte Provincial, en donde se tramita el expediente.
El viernes, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los tres sospechosos. A través de su resolución pidió al estado ecuatoriano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal de Pabón, Hernández y González; “particularmente, valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales de cada uno de los beneficiarios y que permiten crear las situaciones que aseguren y respeten sus derechos”.
Claudia Hernández, hija de Virgilio, dijo que las medidas cautelares de la CIDH “son una esperanza. Para nosotros los familiares esta decisión (de la CIDH) es muy importante y esperamos que el Estado la respete”, dijo.
