El manejo de cadáveres en los hospitales de Guayaquil generó una nueva investigación en la Fiscalía. Esta vez, la entidad indaga un presunto “incumplimiento” de los protocolos para la manipulación de los fallecidos en las casas de salud.
Las alertas de estos hechos salieron desde la Gobernación del Guayas, el pasado 10 de abril. Ese día, el director de la zona de seguridad especial de la provincia, Pedro Pablo Duart, presentó un escrito en el que señala que no se estarían cumpliendo las disposiciones del Santa Elena, segunda provincia con más defunciones ‘irregulares’.
Ese organismo estableció la obligatoriedad de que “los cadáveres deben ser identificados y etiquetados” en las casas de salud. Según el escrito, el funcionario tuvo conocimiento de estos hechos a través de “denuncias ciudadanas”.
Uno de los sitios en donde se concentran las quejas de las familias de los fallecidos es el Hospital del Guasmo Sur, del Ministerio de Salud Pública (MSP). Allí, a diario los deudos señalan la falta de identificación de los cuerpos que están en la morgue.
Incluso, las familias mencionan posibles desapariciones de cadáveres, ya que llevan buscando hasta 20 días a sus seres queridos.
El Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos de Guayaquil (CPDH) está documentando los casos. La entidad tiene registro de 11 familias que no encuentran los cuerpos de sus parientes.
Uno de ellos es Felipe Chóez Campaña, que busca el cadáver de su padre desde el 7 de abril pasado. Él relata que su progenitor falleció en el Hospital del Guasmo Sur y nunca pudo recuperar su cuerpo para sepultarlo en el cementerio del Suburbio.
Ahí tenía una tumba. Pero en la página web coronavirusecuador.com aparece el nombre de su padre, Francisco Chóez Villavicencio, con el número de cédula del hijo que lo está buscando.
“Queremos el cuerpo de mi padre. No sabemos si ese es él”. El organismo de derechos humanos también ha recibido reportes de cobros ilegales que funcionarios de esa casa de salud solicitaron a las familias para agilizar la entrega de los cuerpos.
Esos hechos también son investigados paralelamente por la Fiscalía. Ese caso se abrió el pasado 8 de abril. Los investigadores ya han solicitado a las autoridades del Hospital del Guasmo Sur la lista del personal a cargo.
La misma petición se realizó al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. El miércoles anterior, el MSP emitió un comunicado. Informa que el Hospital del Guasmo tiene una morgue con capacidad para ocho personas y que por la emergencia sanitaria se han instalado cuatro cámaras de frío.
En esas estructuras se conservó a las personas que fallecieron en la casa de salud y a las que fueron recogidas de domicilios. El Ministerio también señala que “todo cuerpo es identificado y sus familiares son informados oportunamente”.
Además, mencionó que personal de Salud Mental del Hospital del Guasmo realiza un acompañamiento psicológico a los parientes de los fallecidos.
Según la vicedefensora del Pueblo, Zaida Rovira, esto no ha ocurrido. La funcionaria también ha recibido quejas sobre la falta de identificación de cuerpos en los hospitales y por eso dice que trabaja en la elaboración de un informe de estos hechos.
En ese documento se detallará la vulneración de derechos que se ha cometido en las casas de salud. Entre esas faltas estaría la escasa información que las familias han recibido de las defunciones y los lugares donde están sepultados.
Esta última sería porque las familias no conocen el sitio de las tumbas donde el Gobierno ha sepultado a sus seres queridos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a este tema ayer. La funcionaria indicó que sí se está entregando la información a las familias y el proceso terminará en los próximos días.
Los sepelios actualmente son gestionados por la Fuerza de Tarea que lidera Jorge Wated. Él fue quien presentó la denuncia por los cobros ilegales en el Guasmo y que existen irregularidades en el manejo de cuerpos en los hospitales.
Esto lo hizo luego de que en el Hospital Los Ceibos del IESS se perdieran las identificaciones de 14 cadáveres a finales de marzo. De ese grupo, siete permanecen como NN.
En esa casa de salud también se investiga el robo de las pertenencias de Augusto Itúrburu, quien falleció el pasado 15 de abril por covid-19. Según sus familiares, personal del hospital sustrajo su reloj, anillos, celular y billetera.
También habrían retirado cerca de USD 600 con una tarjeta bancaria que tenía la víctima. En esta investigación, la Fiscalía ya ha solicitado las grabaciones de video al hospital para buscar a los responsables.
Fuente: El Comercio-Nota Original: LINK
