«Por existir indicios de responsabilidad penal», el pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió remitir a la Fiscalía General el expediente correspondiente al caso del movimiento Justicia Social, para que se investigue a cuatro consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
«Por existir indicios de responsabilidad penal en los que hubieran incurrido los señores: Diana Atamaint Wampustar. Enrique Pita García, Luis Verdesoto Custode y José Cabrera Zurita, en sus calidades de presidenta, vicepresidente y consejeros del Consejo Nacional Electoral, remitir copias certificadas de todo el expediente de la causa No. 080-2020-TCE a la Fiscalía General del Estado», señala la resolución jurisdiccional tomada la mañana de este 19 de diciembre.
La consejera Esthela Acero no está incluida en este expediente, debido a que se ha abstenido de votar en los plenos, en los asuntos relacionados con Justicia Social.
En todo caso, este auto judicial electoral, se aprobó con los votos de los jueces Ángel Torres, Joaquín Viteri, Guillermo Ortega, Juan Maldonado; y, el voto salvado de la jueza, Patricia Guaicha.
Dicho expediente contiene las sentencias del TCE en las que ordena al CNE adoptar medidas de reparación integral a favor de Justicia Social para que realice sus procesos de democracia interna, inscripción y calificación de candidaturas para las elecciones generales de febrero del 2021. Además, de los autos del 8 de diciembre y del 15 de diciembre, en los que se insiste que cumplan con su sentencia.
No obstante, el Consejo resolvió el 14 de diciembre en su pleno, que no podía acatar las medidas de reparación integral porque los plazos para abrir las fases previas para la inscripción de candidaturas habían precluido.
Reclamó además su competencia para organizar el desarrollo del proceso electoral, y pidió al TCE que respete sus competencias.
Incluso se anunció que se enviaría a la Corte Constitucional (CC) una demanda por conflicto de competencias.
En este auto aprobado por el Tribunal, los jueces responden al Consejo Electoral sobre este conflicto de competencias, y lo «desestiman».
Pero advierten que «la omisión de responsabilidades por parte del órgano administrativo electoral (CNE), al dilatar la restitución de derechos políticos a la organización política Justicia Social, no puede constituir causa justificada para no aplicar las medidas de reparación integral dispuestas por el órgano jurisdiccional electoral».
Justamente, este viernes último, la Fiscalía General informó que tras un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), procederá con la investigación previa a los miembros del CNE y del TCE por las denuncias que han llegado a su sede, en el contexto de las elecciones nacionales.
Esta aclaración se debió a que en proceso electoral, el Código de la Democracia impide que los miembros de esta denominada Función Electoral, sean procesados penalmente, excepto por delitos flagrantes como violencia sexual o intrafamiliar.
Por otra parte, los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto también presentaron una denuncia por prevaricato en contra de los jueces del TCE, por su sentencia del 30 de octubre, en la que emitieron las medidas de reparación integración para que Justicia Social, pueda inscribir candidatos.
Fuente: El Universo – Nota Original: LINK
