Una de las sentencias se dio por fraude procesal, por el intento de fuga de Daniel Salcedo, cuya avioneta, de propiedad de Alfredo Adum, se accidentó en Perú; en otro caso se sentenció a un israelí por enriquecimiento ilícito, pues se le hallaron $ 312.000, que él atribuyó a la venta de pruebas rápidas de COVID-19 negociadas con Jacobo Bucaram Pulley.
Del resto de procesos, cinco están en etapa de instrucción fiscal, once en audiencia preparatoria de juicio, dos en juicio y seis en indagación previa. Ahí constan los casos de delincuencia organizada en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y de Durán (IESS), y del Guasmo (Ministerio de Salud); por peculado en el Municipio de Quito y en su empresa de Agua, en el Cuerpo de Bomberos de Daule; y por tráfico de influencias en la Prefectura del Guayas, en Infectología o en la Secretaría de Riesgos.
En total, hay más de 150 investigados en estos 26 casos revisados, 45 detenidos, el resto goza de libertad, usa grillete electrónico (como el alcalde de Quito, Jorge Yunda), o tienen arresto domiciliario (Adum, Jacobo Bucaram o Paúl Granda, expresidente del IESS).
La mayoría de casos está en Guayas (18), Pichincha (5), Los Ríos, Santa Elena, Orellana.Las cifras que muestra la Fuerza de Tarea creada por la Fiscalía resume 24 ‘casos de conmoción social’ hasta diciembre, 139 allanamientos, 101 detenidos, 348 investigados, 59 procesados y 0 sentenciados o llamados a juicio.
“El sentimiento de la ciudadanía es de impunidad”, dice indignado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sobre la actuación de fiscales y jueces en las causas ligadas a la pandemia. Esta organización también hace veeduría a través de su Observatorio Judicial.
La misma ‘desilusión’ tienen veedores que, pese a trabas, críticas, o incluso amenazas, se han pasado un año denunciando compras -la mayoría por contratación directa o emergencia- con sobreprecios, tráfico de influencias, direccionamientos de contratos y otras irregularidades en el manejo de unos $200 millones en recursos ciudadanos destinados a la emergencia sanitaria.
Algunas denuncias han sido recogidas por el Servicio de Contratación Pública, Sercop, que en el 2020 recomendó declarar ‘desierto’ los procesos de 383 compras de bienes o servicios. En 47 ocasiones las entidades no le hicieron caso.
“Da indignación, porque yo soy afiliado al Seguro Social, es decir que solo hay justicia para el pobre, pero siguen habiendo muertos producto de estos negociados en las medicinas”, dice Francisco Zambrano, presidente del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y veedor en hospitales del IESS de Guayaquil; mientras que Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, recalca: “La función judicial le debe mucho al país, porque le ha faltado habilidad para actuar frente a casos gravísimos…, le deben todos, Fiscalía, Asamblea”.
Que se roben medicinas no es cualquier robo, dice César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Guayaquil y miembro de la comisión Anticorrupción en Guayas. “No es robarse una cartera o celular, es un atentado contra la vida, y así debe ser tratado por el sistema de justicia”.
Nota Original: El Universo – LINK
