“Se oficia a la Policía Judicial de Pichincha para que proceda a la localización, captura y traslado de los ciudadanos Francisco Endara, Víctor Hugo Erazo, Patricio Fajardo, Max Marín y Galo Monteverde a uno de los centros de rehabilitación social de varones para que cumplan con la pena impuesta (18 meses)”, dice la notificación escrita realizada por el tribunal penal.
Y dispone que se nombre nombre “peritos para determinar la cantidad que cada uno de los procesados deberán cancelar por daños y perjuicios y costas procesales”.
Los sentenciados fueron procesados por ingresar violentamente el 30-S a las instalaciones del canal público Ecuador TV, ubicado en el norte de Quito, donde causaron destrozos a bienes del medio de comunicación, según se observa en varios videos que registraron el hecho.
El proceso empezó con 13 personas acusadas. Entre ellas los hermanos Pablo y José Luis Guerrero, que recibieron asilo político en República Checa. Otros dos procesados, Paul Camacho y Alejandra Cevallos recibieron el indulto presidencial en 2015.
La justicia ha sentenciado a 251 personas, de las cuales 179 han sido declaradas culpables y al resto se les ratificó la inocencia, según cifras de Fiscalía.
Las investigaciones del Ministerio Público fueron extendidas en 19 de las 24 provincias ecuatorianas llegando a tramitar 74 casos. Entre ellos 41 aún están activos mientras que 11 están en indagación previa y tres en instrucción fiscal.
El 30 de septiembre de 2010, un grupo de policías se sublevaron de forma violenta poniendo en peligro la vida del presidente Rafael Correa.
La situación puso en riesgo la estabilidad democrática del país, de acuerdo a un informe de la Organización de las Naciones Unidas.
El presidente Correa fue retenido en un hospital policial y fue necesaria la intervención del Ejército para rescatar al jefe de Estado.
