En NotiMundo Al Día, el coordinador general de la Fundación Ecuatoriana Equidad, Efraín Soria explicó que el pasado lunes, 7 de junio, varias organizaciones LGBTIQ+ se reunieron con la Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez y con el Secretario de Planificación, Jairo Merchán. Soria precisó que en el encuentro se resolvió incorporar a la comunidad de manera transversal en el Plan Nacional de Desarrollo, incidir en que las encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) incorporen la desagregación por orientación sexual e identidad de género, y avanzar en la implementación del registro único de violencia contra este grupo.
Implementaremos la primera política pública integral de violencia contra la comunidad LGBTIQ+, construyendo protocolos de los diferentes servicios que presta el Estado y garantizando la no discriminación.@notimundoec
? @ClaudiaRoura@LassoGuillermo
#JuntosLoLogramos♀️??— Bernarda Ordóñez Moscoso (@BernardaOM) June 7, 2021
La reunión se efectúo horas después de que Ordóñez anunciara en una entrevista con NotiMundo que el Gobierno de Lasso implementará la primera política pública integral de violencia contra la comunidad. La secretaria indicó que esto lo harán construyendo protocolos de los diferentes servicios que presta el Estado y garantizando la no discriminación.
.@EfranSoria1: “Esperamos que en la planificación del nuevo Gobierno, exista la participación de la mayor cantidad de organizaciones LGBTIQ+ posible (…) Esperamos que @LassoGuillermo cumpla su palabra”.
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— NotiMundo (@notimundoec) June 9, 2021
Por otro lado, Soria puntualizó que la población LGBTIQ+ lo «único que pide» es que el Gobierno les garantice el pleno goce de los derechos de los ecuatorianos. «No queremos un trato especial, solo que nos traten de la misma manera que todos los demás«, agregó. Señaló que en el país todavía hay una deficiencia, para este grupo, en el acceso a la salud, trabajo, educación y; principalmente, en la seguridad.
El coordinador de la Fundación Equidad resaltó que en Ecuador los crímenes de odio, de estigma y de discriminación se mantienen latentes. Soria aseguró que «la Fiscalía del Estado, la Defensoría Pública y la del Pueblo» no tienen un registro ni políticas de atención para las víctimas de estos crímenes.
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