Diego Borja, exministro de Finanzas, manifestó que es importante definir a los funcionarios quienes firmaron los contratos que dejaron como resultado un saldo de USD 374 millones que debe cancelar el Estado ecuatoriano por el Caso Perenco, tras el fallo definitivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con respecto a los excedentes petroleros.

Diego-Borja
Créditos: Infobae

En NotiMundo Estelar, el exministro de Finanzas, Diego Borja, añadió que los contratos que se firmaron entre los años 2000 y 2005 incluyeron cláusulas de arbitraje en un “escenario hostil” para el país y no consideraron la posibilidad de que el precio del petróleo aumente drásticamente por sobre los precios de equilibrio.

Además, cuestionó la mala defensa que se ha hecho desde la Procuraduría y rechazó que se quiera aplicar el derecho de repetición. Añadió que “siempre pierde en los casos internacionales” refiriéndose a la defensa del Estado ecuatoriano.

Borja explicó que en este caso hay responsabilidades desde la manera de cómo se firmaron los contratos e incluso “algunas omisiones en la forma de liquidar la participación del Estado entre el aumento del precio y la normativa del 2006 que permitía regular la participación”.

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