Córdova es doctor en jurisprudencia, acredita varios posgrados y se desempeñó como secretario del Cpccs durante ocho meses. Presentó su renuncia el 12 de julio pasado.
El nombramiento se aprobó con los votos de los consejeros de mayoría: Sofía Almeida (presidenta), David Rosero (vicepresidente), Juan Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán.
Almeida mencionó que fue “difícil tomar la decisión en tan corto tiempo” ya que recibieron varias hojas de vida. Apuntó que la ley de la Defensoría del Pueblono establece un mecanismo para definir al encargado, una vez que Freddy Carrión fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional.
Aclaro que Córdova estará en el cargo, mientras el Cpccs lleve adelante un concurso de méritos y oposición para designar a un nuevo titular de la Defensoría. La presidenta defendió la decisión y dijo que Córdova “sí tiene el conocimiento” para liderar la institución.
La consejera Estupiñán apuntó que si no cumplían con la designación este 18 de septiembre, podían caer en incumplimiento de funciones, lo cual sería causal para un juicio político.
Los consejeros Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira, de minoría, se abstuvieron de votar, con el argumento que Córdova no acredita trayectoria en derechos humanos, sino más en temas de aduanas. Almeida respondió que Cordova registra un diplomado en materia de derechos humanos.
El consejero Dávalos dijo que la intención del nombramiento fue ” darle una salida institucional” a la crisis de la Defensoría del Pueblo, ante las disputas internas que se evidenciaron desde que Freddy Carrión fue detenido por un supuesto abuso sexual, el 17 de mayo pasado.
Hernán Ulloa acusó a Córdova de supuestamente responder directamente a la Presidenta del Cpccs y hablo que la designación de autoridades genera muchas presiones políticas y económicas.
Antes de la designación, los consejeros de mayoría dieron por conocido un informe jurídico no vinculante, que recomendaba que el encargo se realice a personas que no hayan tenido afiliación política en los últimos diez años y que no formen parte de la Defensoría del Pueblo.
Nota original: El Comercio- LINK
