Durante su intervención, el legislador de Izquierda Democrática, mencionó que existen alrededor de USD 1.700 millones que el SRI tiene por cobrar correspondientes a juicios de coactivas y otros que no se ha cobrado, y se pretende “meter la mano al bolsillo de la clase trabajadora y productiva con esta Ley que, al parecer, esconde acuerdos con el correísmo”.
Esto, refiriéndose a la liberación de Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, involucrado en la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
Por su parte, Diego Ordóñez, asambleísta del oficialismo, refutó esta acusación señalando que la ley beneficiará a los ecuatorianos, que no existe perjuicio para ellos y, además, que el presidente Lasso no tiene contacto alguno con jueces o fiscales encargados de casos de corrupción u otros.
“Que salga Rivera es porque tenemos una legislación permisiva que permite que ladrones de cuello blanco salgan libres. No hay ningún pacto debajo de la mesa”, mencionó.
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