El aluvión que se produjo el pasado 31 de enero en el sector de La Gasca, en Quito, develó una serie de falencias administrativas en torno a la prevención y gestión de riesgos, así como la fragilidad a la que está expuesta la capital ecuatoriana. 75 años más tarde, se repite la misma historia en el mismo lugar, pero esta vez, con casi una treintena de vidas que lamentar.

En Decisiones con Jorge Ortiz, el debate de la semana giró en torno a la tragedia y las posibles responsabilidades, acciones u omisiones, de las autoridades municipales. Bernardo Abad, concejal de Quito y presidente de la Comisión de Seguridad y Gestión de Riesgos, aseguró que, si algo se hizo mal, fue hace mucho tiempo, y que el aluvión se produjo por causas naturales.

El argumento que respalda esa teoría es el sobrevuelo que se realizó el día siguiente al siniestro, donde los técnicos de la Empresa Metropolitana de Agua Potable (Epmaps), confirmaron esa versión. Según Abad, en la inspección no se constató deforestación en la zona, ni tampoco construcciones, como se denunció desde varios frentes esta semana.

A decir del Concejal, y esta es la versión oficial, fue el nivel de agua acumulado a causa de las intensas lluvias, lo que provocó el enorme deslizamiento de tierra. En el histórico de pluviosidad de los últimos meses, se registraban 2 litros de agua por metro cuadrado, mientras que las horas previas al aluvión, la cantidad de agua llegó a 75 litros por metro cuadrado.

Señaló que las infraestructuras de contención, construidas en 1995 y con capacidad de retener aproximadamente 4 500 metros cúbicos de agua, sí funcionaron, sin embargo, lo que bajó de la montaña hacia la población fueron aproximadamente 20 000 metros cúbicos de agua, lodo y piedra. Abad también dijo que el deslizamiento pudo deberse al cambio climático, pues se corroboró que la quebrada estaba limpia.

Por su parte, Paco Moncayo, exalcalde de Quito, recordó que durante sus dos administraciones municipales “no se movió ni un milímetro” el límite urbano, así como tampoco se permitieron invasiones de tierras, por lo que se preguntó, “¿a qué hora se les fue de las manos la ciudad?” A su parecer, la tragedia es producto de la falta de planificación y continuidad de los planes establecidos para la mitigación de riesgos.

Por ello, dijo, no creer en la versión de la Epmaps, y considera que sería importante una auditoría con expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “para saber si es como se dice”. Aquí recordó que durante su período gubernamental de 2003, existieron igual cantidad de precipitaciones, pero “no se registró ni un muerto”. Para Moncayo, el problema radica en la falta de previsión, y recordó que durante su administración existían mecanismos como el Plan Lluvia y Plan Fuego, que permitían mitigar los riesgos de la ciudad.

Moncayo recordó en este tema, sobre todo, importan las vidas humanas que se han perdido y las que todavía se encuentran en vulnerabilidad. Criticó que en Ecuador se ha normalizado no buscar responsables, ni tampoco prevenir, sino “lamentar y lavarse las manos”.

De su lado, el experto urbanista, Fernando Carrión, aseguró que tampoco comparte la versión oficial del Municipio de Quito. Recordó que, en 1990, se realizó el plan de Laderas del Pichincha, y que durante 27 años no ocurrieron desastres como el del lunes pasado. A su criterio, en ese lapso no hubo percances porque se dio continuidad al proyecto durante las administraciones que sucedieron a la de Rodrigo Paz, gestor del proyecto.

También criticó la falta de acción de las autoridades municipales, pues considera que hace 6 meses ya se debía trabajar en la previsión de la época lluviosa. Además, criticó la falta de gestión municipal para el ordenamiento territorial y el uso de suelo. Informó 65% de las construcciones en Quito no son legales, por lo que la ciudad vive en un riesgo constante.

Una solución viable, según Carrión, sería la reubicación de familias que se encuentran en zonas de riesgo. Una opción podría ser con la ejecución de planes que ocupen la gran cantidad de edificaciones abandonadas que se encuentran en la Av. 10 de agosto, o en el Centro Histórico de la ciudad.

En este sentido recordó que, del total del presupuesto municipal, se asigna únicamente el 2% para temas de seguridad, y apenas el 1% para temas ambientales. Por ello, dijo, es necesario replantear prioridades que permitan brindar más garantías para la población.

Finalmente, Patricio Torres, periodista y exhabitante de La Gasca que sufrió los efectos del aluvión de 1975, expuso su testimonio y expresó su indignación por el abandono que ha tenido la capital durante los últimos 14 años. El rechazo hacia la indolencia de las autoridades se evidenció en la visita del Alcalde al Punto de Mando Unificado de la Universidad Central, donde “lo mandaron sacando”. Asimismo, criticó que se hayan dispuesto 36 hectáreas de bosque para la construcción del cenizario Urkupamba “para 4 hornos crematorios”. Consideró necesaria una restructuración de las políticas públicas para que la ciudad pueda vivir con tranquilidad.

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