En Notimundo al Día, Mireya Pazmiño, asambleísta por Pachakutik, aseguró que hay intervención de los consejeros en cuestión para elegir autoridades, sin que se cumpla el debido proceso. Por ello, se lleva adelante un proceso de juicio político.
Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, son los funcionarios que están en la mira de Pazmiño y otros jefes de bancada del legislativo, como Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC) y Paola Cabezas, de la Unión por la Esperanza (UNES).
Pazmiño calificó de “impactante” la pugna de poder que se vive al interior del CPCCS, «justamente después de haber ingresado la solicitud de juicio político en la Asamblea Nacional», que se llevó a cabo el martes 8 de febrero. «La duda es grande, no se sabe cuáles son los intereses en el organismo», añadió.
La legisladora denunció que, en el caso de la designación de Superintendente de Ordenamiento Territorial, la consejera Ibeth Estupiñán se reunió con una de las candidatas para el cargo, donde le habría asegurado que cuenta con el apoyo de los otros tres consejeros, que el pasado miércoles 9 de febrero, removieron del cargo a la presidenta del organismo, Sofía Almeida, y al vicepresidente David Rosero.
@mireyapaza: «Todos tienen derecho a expresar sus diferencias y elegir nuevo presidente, pues es un proceso democrático. Llama la atención la intromisión del Ejecutivo en el proceso, es bastante preocupante».
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— NotiMundo (@notimundoec) February 10, 2022
La otra motivación del juicio político que se lleva en contra los consejeros, es la arrogación de funciones que se habrían tomado al pedir el cambio del orden del día para modificar el reglamento para el concurso de elección del Contralor General del Estado, aprobado en agosto de 2021. «A última hora quieren cambiar el reglamento, no conocemos sus razones y nos trae muchas dudas», señaló.
Respecto al conflicto que se vive al interior del CPCCS, resaltó que «todos tienen derecho a expresar sus diferencias y elegir nuevo presidente, si lo consideran necesario, pues es un proceso democrático», sin embargo, aseguró no entender el motivo de la intromisión del Ejecutivo y consideró que «es bastante preocupante». «Estamos yéndonos hacia a un Estado de dictadura», acotó.
Para Pazmiño, «es evidente que el Ejecutivo busca poner un Contralor, si no ¿por qué se presenta la Policía en el CPCCS a casi un mes de elegir la nueva autoridad?»
80 firmas de todas las bancadas, a excepción del oficialismo, respaldan la solicitud de Pazmiño para destituir a los cuatro consejeros. El CAL calificó la solicitud el pasado miércoles 9 de febrero, y ahora el proceso se encuentra en la Unidad Técnica Legislativa para revisar la documentación, y en 5 días se notificará sobre la decisión.
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