En Notimundo al Día, Édison Yánez, exgerente de la empresa Metro de Quito, cuestionó las declaraciones del actual titular del Metro, Efraín Bastidas, e indicó que el proceso que se lleva a cabo para la designación del operador del sistema de transporte no es un concurso no es público, sino que está bajo la figura de régimen especial, «donde yo decido a quién y cómo lo invito, y puedo invitar a uno como a veinte».
Asimismo, recalcó que el plazo de 75 días establecido para la presentación de propuestas no permite que los operadores internacionales públicos, sobre todo los europeos, puedan venir a Ecuador. Esto debido a que necesitan un promedio de 90 días para obtener la aprobación de sus directorios para asistir a un concurso. Además, se necesita presupuestos, formas de pago, certificaciones presupuestarias y cronogramas, «lo cual no existe en los pliegos».
Yánez también afirmó que se requiere un patrimonio de USD 1.000 millones, con lo que el espectro de oferentes se limita aún más. Recordó que respecto a este tema ya hubo un pedido del concejal Bernardo Abad, donde se explican anomalías como la carencia de certificación presupuestaria, necesaria para generar este tipo de contratos, así como la aprobación por parte del directorio para un endeudamiento para los próximos seis años.
@ediyanez: “No se puede cortar los caminos en los protocolos de seguridad. No se trata de oponerse al @MetrodeQuito, sino de que se hagan las cosas de forma técnica”
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— NotiMundo (@notimundoec) March 31, 2022
El exgerente también mostró su preocupación referente al inicio de operaciones del Metro, previsto para el último trimestre de 2022, asegurando que se estaría poniendo en riesgo a la ciudadanía, pues en el pliego se especifican los tiempos para contratación del personal y capacitación, que al momento no alcanzan a ser cumplidos de forma correcta hasta la fecha prevista de inauguración.
«Es mejor empezar a transparentar las cosas», indicó Yánez, pues de la forma en que se estaría llevando el concurso de selección del operador «se estaría dejando a las grandes empresas del mundo». Enfatizó que su postura no busca oponerse al proyecto, sino de que las cosas se hagan de forma técnica y bien sustentadas.
«Los protocolos de seguridad deben ser cubiertos al 100%; no se puede acortar caminos, porque se incrementa el riesgo para los usuarios», añadió.
Finalmente, aseveró que durante su administración entregó los pliegos, en diciembre de 2020, cuando fue aprobada la ordenanza de tarifa, junto a modelos de mantenimiento y planes operacionales, pero «lamentablemente la visión política pesó más que la técnica».
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