Ecuador vive una de las olas más violentas de su historia moderna, frente a la mirada atónita de ciudadanos y autoridades que aún no encuentran una salida definitiva al conflicto.

En Decisiones con Jorge Ortiz, tres panelistas especializados en el campo de la seguridad y la investigación expusieron su criterio sobre la amenaza que representa la crisis carcelaria y su influencia en la violencia desmedida, que no se ha quedado en las prisiones, sino que ya ha tomado lugar en las calles.

Patricio Carrillo, ministro del Interior, reconoció que el Estado ecuatoriano está perdiendo la guerra contra el crimen organizado y que ha sido sometido por varias ocasiones en el sistema penitenciario. No obstante, resaltó que desde el Gobierno Nacional se busca enfrentar y dar solución a los problemas estructurales de una manera «absolutamente diferente».

A decir de Carrillo, el conflicto tiene una motivación de fondo y responde a que los centros carcelarios no han cumplido con su objetivo de rehabilitar, sino simplemente de aislar. «Esto nos está pasando un costo social enorme», agregó. Otra razón de la crisis, a su criterio, es la política de austeridad que se aplica desde la construcción de las mega cárceles y que contribuye a la situación que atraviesa el país.

En este sentido, recordó que desde el Gobierno se invertirán USD 1.200 millones para elaborar proyectos que refuercen la seguridad y se ejecuten planes que garanticen los derechos y libertades de los ciudadanos. Para ello, se están tomando en cuenta las recomendaciones que han salido desde organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación.

Carrillo destacó que como parte de las medidas para revertir la crisis está la implementación de la escuela para agentes penitenciarios, que operará desde finales de abril. «Este era otro de los problemas», manifestó, haciendo énfasis en que el personal con que se cuenta actualmente es deficiente para garantizar la seguridad al interior de las cárceles. Además, reconoció que otra debilidad del Gobierno es no contar con una política criminal, «pero es parte de lo que el Presidente me ha encargado empezar a trabajar».

De su lado, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, saludó la decisión del Ejecutivo de dividir al Ministerio de Gobierno, con la creación de la cartera del Interior, lo que podrá «darle un giro a la situación y brindar mayor solvencia a las instituciones» para articular de forma coordinada las acciones referentes al tema.

No obstante, Narváez precisó que ese es solo uno de los primeros pasos a dar, pues en la actualidad el país no cuenta con una política pública de seguridad. Asimismo, expresó la necesidad de implementar otras recomendaciones de entre las 127 que salieron desde la mesa legislativa que preside. Entre ellas están: la ejecución de un censo penitenciario, mejoras tecnológicas para la detección de armamento que ingresa a los centros, y la separación de privados de libertad de acuerdo al tipo de delitos cometidos.

Desde la Asamblea, destacó Narváez, se están tramitando leyes que ayuden a paliar la inseguridad dentro y fuera de las cárceles, como el fortalecimiento de la central de inteligencia y la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. «Somos una de las pocas Comisiones que se ha esforzado en integrar al Ejecutivo y a las instituciones del Estado, para construir las leyes juntos», aseguró.

Para Arturo Torres, periodista de investigación, la crisis penitenciaria en Ecuador tomará más de un periodo presidencial en ser subsanada, pues el tema de fondo es la corrupción generalizada, tanto en las prisiones como en las instituciones estatales. Tampoco descartó que la situación esté vinculada a intereses relacionados con «mafias políticas», pues el narcotráfico ha tenido una profunda penetración en distintas entidades del Estado.

Torres también saludó la intención mejorar la situación por parte de la Comisión legislativa de Seguridad e hizo un llamado para que las demás comisiones «sumen y no resten» en la lucha contra el enemigo común «que nos está arrinconando». Este tema no puede ser analizado por separado, añadió Torres, pues tiene una influencia directa en la economía, principalmente, y en otros aspectos sociales.

«Más allá de los ofrecimientos y discursos, hay que hacer planes a mediano y largo plazo con objetivos que realmente se puedan cumplir», enfatizó. Torres consideró que este es un problema del Estado, por lo que tiene que haber una mayor participación e involucramiento ciudadano para evitar lo que sucede actualmente, donde «el país se nos está yendo de las manos».

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