En Notimundo al Día, Augusto Barrera, exalcalde de Quito, señaló que le sorprendió el caso del supuesto pago de USD 1.2 millones por parte del consorcio GMQ a la empresa Metro de Quito, para hacerse de un contrato de consultoría para la construcción de ese sistema de transporte, a mediados de 2013. Indicó que ese proceso se activó a través de un sistema de contratación público – público entre el Municipio de Quito y la comunidad autónoma de Madrid, que «hasta hoy ha permitido una hoja de ruta fundamental para que la obra termine».
Barrera detalló que la denuncia en cuestión se refiere al proceso de contratación de la consultoría de gerencia técnica, que se realiza a nivel operativo del Metro de Quito, necesaria para el financiamiento y desarrollo del proyecto. Ese proceso estuvo en el portal de compras públicas y tiene una continuidad hasta la fecha, como asistencia técnica global por 45 meses de vigencia.
«Lo extraño es que la empresa cuestionada (Bustren) no hace parte del consorcio inicialmente», apuntó, sino que el Metro de Quito firmó el contrato con KV Consultores y Prointec, y posteriormente se habrían generado conflictos de relaciones en la conformación del consorcio GMQ, lo que sería el móvil de la denuncia. Además, Barrera manifestó que el proceso se publicó en el portal de compras públicas, donde participaron 5 empresas más, y de las cuales salió favorecida por una recomendación de la comisión técnica. «Si en ese proceso hubo cualquier irregularidad, soy el primero en pedir la máxima identificación y sanciones», agregó.
@AugustoBarreraG: «Existieron 4 o 5 empresas que se presentaron, no fue un contrato a dedo. Si habría alguna irregularidad en ese proceso, soy el primero en pedir la máxima identificación y sanciones»
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— NotiMundo (@notimundoec) April 13, 2022
Asimismo, comentó que se debe sacar conclusiones en base a pruebas y evidencias, pues ahora «es muy fácil destruir la honra de la gente; estoy aquí 9 años después, vivo de mi trabajo y mi vida es una página abierta y tengo absoluta tranquilidad».
Para Barrera, la responsabilidad recae sobre el exgerente del Metro, Édgar Jácome, que fue quien suscribió el contrato que ahora es objeto de investigación. «Esto es un proceso que tiene que ver con la gestión del Metro de Quito, y no con el diseño general», añadió.
«Si hay una denuncia, debe probar lo que se acusa, y sobre esa base la Fiscalía en Ecuador y España deben investigar», puntualizó.
Sin embargo, para Barrera llama la atención que este caso de presunta corrupción salga a la luz 9 años después, justo en el momento en que se realiza la licitación para la operación internacional del Metro. «Creo que, lamentablemente, puede haber intereses para que el proyecto no camine», acotó.
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