Un manejo sin control en las finanzas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ponen en riesgo la continuidad de las pensiones jubilares y los servicios de salud para los miles de afiliados en todo el país. El cambio a la estructura, el manejo transparente de las cuentas y cobrar valores adeudados son necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la institución.

En Más Allá de los Hechos, Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del Iess, reconoció que es imposible contradecir los números rojos que presenta la institución, la cual tiene un déficit aproximado de USD 120.000 millones, que representa el 120% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Cepeda afirmó que el problema del seguro de invalidez, vejez y muerte es estructural, pues se basa en un modelo de reparto que debe nutrirse con nuevos afiliados y que la proporción para su adecuado funcionamiento es de ocho afiliados por cada pensionista.

Cepeda lamentó que, debido a factores como el desempleo o el cambio de comportamientos sociales, se ha ido disminuyendo esa proporción, hasta llegar a 5.7 afiliados por cada jubilado, además de que la tendencia continúa en descenso. También recordó que los fondos previsionales se calculan en función de la esperanza de vida, lo que también ha complicado la situación debido a que se tienen que desembolsar fondos durante más tiempo. «Esto es lo que no se ha corregido», apuntó.

Explicó que el problema se centra en la forma de cálculo de la pensión jubilar, pues al ser esta un promedio de los mejores 5 años de aportación, existen afiliados voluntarios que pagan durante 25 años el valor mínimo, y los últimos cinco mejores años lo hacen sobre los dos mil dólares, recibiendo el máximo valor de la jubilación y los servicios de quien pagó el mismo monto desde un inicio. En este sentido, indicó que se han hecho algunos análisis financieros que concuerdan que se debe calcular en función de los aportes totales. «Así se puede dar mayor vida al seguro de invalidez, vejez y muerte entre aproximadamente 12 y 15 años», apuntó.

Sin embargo, recordó que cualquier ajuste debe pasar por aprobación de la Asamblea Nacional. Otro gran problema, dijo Cepeda, está relacionado con el seguro de salud, «que es deficitario». Esto debido a que se han incrementado los beneficiarios por medio de leyes sin que exista una contrapartida de ingreso y resaltó que para que el seguro funcione debe existir el pago de una prima. Que el gobierno reconocería los valores que se adeudan, es «una gran mentira» dijo Cepeda, pues durante 21 años no se ha reconocido esa deuda y por ende no está registrada en el Ministerio de Economía y Finanzas.

No obstante, saludó el anuncio del titular de esa cartera de Estado, Simón Cueva, quien informó en Notimundo que se busca transparentar las cuentas para establecer un cronograma de pagos de una deuda que supera los USD 500 millones. «De eso vamos a hacer un plan de pagos desde mayo hasta diciembre para cubrir esa deuda», adelantó.

En el seguro de Salud la situación preocupa ya que los fondos están «prácticamente en cero», dijo Cepeda, que sumado al déficit de los USD 500 millones complica aún más el panorama. Por ello la urgencia de que se reconozca y cancele la deuda por parte del Gobierno. Anunció que se está trabajando de forma articulada con el Servicio de Contratación Pública (Sercop) para que los medicamentos estén dentro del catálogo electrónico y puedan abastecerse las distintas casas de salud del país.

Marco Proaño Maya, jurista y académico experto en seguridad social, fue crítico al expresar que este conflicto no se puede resolver solo con intenciones políticas sino con una verdadera política pública que vele por los intereses de los afiliados y pensionistas. Aseguró que durante este año no han existido aportes del Estado, de los que también se nutre el fondo de pensiones de la Seguridad Social, por lo que el sistema de reparto implementado no puede funcionar de forma correcta.

Sostuvo que, ante esta falta de pagos, el Iess debe hacer un préstamo de reinversión con el Biess para cumplir las obligaciones financieras con los jubilados. Sin embargo, Proaño criticó que el problema de fondo es que en Ecuador no se cumplen las leyes, pues está establecido que para acceder a la jubilación será necesario que cada cinco años se incremente uno en la edad para acceder a este beneficio. «¿Por qué ningún Consejo Directivo ha aplicado esta norma que está vigente?», se cuestionó.

Asimismo, manifestó que el principio universal de la seguridad social es que no se puede ampliar un derecho si no hay financiamiento claro, y en 2010 se estableció brindar los servicios de atención de Salud a los hijos de los afiliados, hasta los 18 años. No obstante, si el Estado no cumple con las obligaciones financieras la situación continuará siendo insostenible, aseguró.

Jorge Wated, expresidente del Consejo Directivo del Iess, señaló que al llegar a su administración se evidenció una «corrupción galopante» en la institución y que durante sus 11 meses de gestión se denunció varias irregularidades y se logró transparentar los montos que el Estado mantiene adeudados, que ascienden a USD 8.269 millones, entre el fondo de salud, jubilación y muerte, riesgo de trabajo, y seguro social campesino.

Wated explicó que los aportantes lo hacen sobre 12 sueldos, pero al jubilarse reciben sobre 14 sueldos, lo que genera un déficit de USD 200 millones al fondo de pensiones. Eso hace que, sumado a la deuda del Estado y a la corrupción, «lo único que tenemos que esperar del Iess es una posible quiebra». Añadió que el grave problema es que el seguro de salud, que necesita entre USD 1.800 y USD 2.000 millones para funcionar, hoy lo hace con USD 1.400 millones, de los cuales el 90% es destinado al pago de salarios y servicios.

Finalmente, Omar Montero, abogado de Exequiales del Iess, dijo que son insólitos los actos de corrupción que se han registrado en esa empresa. Uno de ellos es el caso del exgerente Pablo Santiana, contra quien pesan tres denuncias por irregularidades, como el caso de una tarjeta de crédito a nombre de la empresa que se utilizó la compra de aparatos electrónicos, comida y hasta bebidas alcohólicas.

Otro caso fue la entrega de USD 67.000 a la empresa excequiales, para cobrar intereses de hasta el 20%.

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