La Intendenta Nacional de Investigación y Control de Abuso del Poder de Mercado, Alejandra Egüez, indicó que las pruebas de las infracciones, cometidas por cinco empresas en proceso de contratación pública, se obtuvieron en un allanamiento en 2019. Los documentos recopilados responden a un intercambio de información “sensible” económica de las empresas participantes en este proceso, en el cual conocían el presupuesto y ofertas de otras compañías, afectando de esta manera a la competencia.
#AlejandraEgüez: «Los operadores económicos participaron en 63 procesos de contratación, y en los que participaban no competían (…) lograron adjudicarse el 75% del valor total de este proceso».
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— NotiMundo (@notimundoec) August 9, 2022
Los cinco operadores económicos sancionados participaron en 63 procesos de contratación, en los que, según Egüez, las empresas no competían. La dinámica de estas compañías en estos procesos era a través de la conformación de cinco grupos de participación, que comprendían dos o tres operadores sancionados, con el objetivo de distorsionar la competencia, de esta manera, las empresas lograron adjudicarse el 75% del valor total asignado, dentro de estos procesos. La multa que tendrán que pagar las compañías por la infracción a la Ley es de USD 176.017,45, sin embargo, la Intendenta Egüez, afirmó que otros organismos del Estado, se encargarán en determinar cuál es el prejuicio de esta contravención para el Estado.
Esta investigación se desarrolló para determinar un acuerdo colusorio entre competidores, es decir, específicamente en el marco del comportamiento de las empresas, por lo que Egüez, señaló que no se puede precisar la participación de funcionarios públicos en este proceso irregular.
Egüez agregó que, cuando se determine esta resolución, se comunicará al Servicio Nacional de Contratación Pública el comportamiento de los operadores económicos, para determinar la infracción en el marco de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. La Superintendencia realizará un seguimiento de las empresas, tras la sanción, para verificar que no haya una reincidencia en la aplicación de contratos públicos, situación que puede ser sancionada nuevamente por la superintendencia.
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