El presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Cristóbal Buendía, detalló que la demanda presentada a la Corte Constitucional, contra el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, exige el cumplimiento de la Ordenanza 17-2020, que obliga a que el Municipio de Quito implemente el sistema integral de transporte público en la capital. Según Buendía, se recurrió a esta figura por la “inacción” de un año y dos meses de la municipalidad frente a esta norma.
.@cbuendiav: «Se nos plantea que el sistema de recaudo sea a través de la entrega de tickets, en el sistema del @MetrodeQuito, imagínense la vergüenza que va a significar eso para la operación de un sistema de una inversión de USD 2 160 millones».
➡️https://t.co/z9UdQ8TI4F pic.twitter.com/DEr589aGn5
— NotiMundo (@notimundoec) August 10, 2022
Buendía indicó que los procesos para la implementación del Metro de Quito se están desarrollando de manera “irresponsable”, por eso exige el cumplimiento de la ordenanza para establecer una estructuración de la reorganización de rutas y frecuencias, con el objetivo de optimizar el inicio de las funciones del Metro de Quito, y generar las condiciones operacionales óptimas.
El presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad resaltó que el burgomaestre de Quito, Santiago Guarderas, antes de asumir la Alcaldía, en su condición de concejal de la capital, y presidente de la Comisión de Movilidad, fue el responsable en llevar a acabo el proceso de aprobación de esta ordenanza, por lo que Buendía calificó a este acto como “una suerte de mezquindad política” el no cumplir la norma para aplicar un sistema integral de transporte público en la ciudad.
Mira la entrevista completa aquí
