En Notimundo Estelar, Hernán Ulloa, presidente del Cpccs, aseguró que la denuncia del asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), Luis Almeida, por presunto delito de enriquecimiento ilícito y perjurio en su contra, es una “figura escandalosa” que obedece a una posición política “irresponsable” de rencor por la remoción de la sobrina del legislador, Sofía Almeida, de la presidencia del Cpccs.

Créditos: Twitter Asamblea Nacional

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), insistió en que la denuncia en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito de su patrimonio de USD 500.000 a USD 1 millón y medio, es una denuncia “totalmente falsa”, sin embargo, reconoció que cuando un servidor ingresa al sector público “individualmente” puede existir “algunas inconsistencias” en declaraciones, y es la Contraloría General del Estado el ente encargado en emitir una alerta al servidor para que este justifique. Las inconsistencias pueden ser debido a errores que se pueden presentar en el medio, acotó Ulloa.

El titular Cpccs, señaló que en el periodo en el que asumió el cargo de consejero suplente, cuando estaba “en libre ejercicio” y no constaba dentro del sistema del sector público, en este lapso no existió un incremento injustificado e ilícito de patrimonio. Afirmó que ha justificado sus cuentas de manera transparente ante la Contraloría, la misma que decidió no ejecutar ningún examen especial.

Ulloa destacó que la acción del asambleísta Luis Almeida responde a una “represalia” por la remoción de su sobrina, Sofía Almeida, de la presidencia del Cpccs, quien también fue “llamada la atención” por la Contraloría con la única “diferencia” de que la exfuncionaria presentaba un “exceso” de patrimonio por más de USD 200 mil, mientras ejercía como consejera y presidenta de la entidad, agregó Ulloa.

El presidente del Cpccs resaltó que si Almeida deseaba indagar sobre sus cuentas patrimoniales, pudo haber solicitado el informe directamente a la Contraloría, más no acudir a Fiscalía General del Estado, porque la entidad ya cuenta con “asuntos importantes y relevantes” que atender. Esto representa “una ofensa a la administración de la justicia”, agregó Ulloa.

 

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