El abogado penalista, Marcelo Dueñas, explicó que tiene que haber una política de “persecución selectiva” a una persona por razón de etnia, religión, ideología o raza, en donde se consuma el delito para que pueda constituirse una infracción de Estado.
Pese a que el asesinato de Bernal se produjo en el interior de un recinto policial, por parte de su esposo y el también teniente Germán Cáceres, Dueñas afirmó que no hay una responsabilidad del Estado. “Se trata de un tema personalísimo”, dijo y agregó que el acontecimiento delictual es una “responsabilidad personal” que no puede involucrar a la Policía Nacional como institución así como tampoco al Estado ecuatoriano. “Cáceres tendrá que responder a la justicia cuando sea detenido o en ausencia”, recalcó Dueñas.
.#MarceloDueñas: «Todos los responsables que escucharon y no actuaron ni intervinieron son cómplices porque tuvieron conocimiento de que se estaba ejecutando un delito».
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— NotiMundo (@notimundoec) September 23, 2022
Dueñas afirmó que los testigos del delito, tendrán que responder como cómplices, no como coautores, por callar y no comunicar. “Todos los responsables que escucharon y no actuaron ni intervinieron, son cómplices porque tuvieron conocimiento de que se estaba ejecutando un delito”, precisó e insistió que los únicos culpables son Cáceres y quienes mantuvieron silencio y no auxiliaron a la víctima.
Para Dueñas, la institución policial es emblemática y, uno o dos de sus miembros, que se aparten del compromiso de juramento de lealtad y disciplina, “no pueden desdibujar la imagen de la Policía Nacional”, puntualizó y cuestionó a la opinión pública que, mediante el morbo, se ha ido contra una entidad “respetable”.
“Este es un crimen que tiene que ser castigado con toda la fuerza de la ley, no porque se haya cometido en una institución policial, sino porque se le quita la vida a una persona”, mencionó.
Por otra parte, Dueñas recordó el caso de una mujer que fue violada en un cuartel militar, ubicado en la parroquia de Amaguaña, si configura un crimen de Estado por la demora en la investigación fiscal que ya lleva 5 años. “Los responsables de la unidad donde fue violada Carmen (nombre protegido) nunca entregaron información a la Fiscalía”, finalizó.
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