Esmeraldas se desangra, y las más de 400 muertes violentas registradas en lo que va de 2022 lo demuestra. La ubicación geográfica de la 'provincia verde' y la deficiente acción de las autoridades para contener el avance del crimen y la violencia, han ahuyentado al turismo y puesto en zozobra a la población local. Pese a los esfuerzos del Gobierno por mostrar una realidad paralela, donde los atentados y enfrentamientos a mano armada son "casos puntuales", la situación en esta parte del país parece haberse salido de las manos.

Las declaraciones que dio el comandante de la Subzona 8 de Esmeraldas, William Calle, en Notimundo Estelar, dieron muestra de la situación que atraviesa la provincia y sobre todo su capital. El Coronel, que estuvo en el cargo por cerca de 20 días, reconocía que la Policía no tiene el control de las calles y mucho menos de la cárcel, donde hace 9 meses no se hace una requisa, debido a la falta de personal, armamento y capacitación para ingresar al centro penitenciario. «Podemos tener tanques de guerra y 10.000 policías y militares afuera, pero el problema es adentro», acotó.

Sus palabras preocuparon a las máximas autoridades del ramo, pues pocos días después se instaló en Esmeraldas el Consejo Provincial de Seguridad, donde, entre otras acciones para frenar la criminalidad, se anunció su traslado a Quito, para coordinar el proceso electoral. El ministro del Interior, Juan Zapata, rechazó las aseveraciones de Calle, asegurando que nunca se ha perdido el control y que el Gobierno mantiene estrategias permanentes para garantizar la seguridad.

En Más Allá de los Hechos, Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas, recordó que para tratar de paliar los altos índices de violencia y delincuencia, tanto organizada como común, se convocó a una asamblea ciudadana, con el fin de hacer un análisis real de lo que acontece en la ciudad. En ella, se determinó que la frontera con Colombia ha permanecido «desprotegida», y es ese uno de los factores que han llevado a que se incremente la inseguridad en la provincia.

Lamentó que el comandante Calle haya sido removido de su cargo «por decir la verdad» de lo que allí ocurre. «Eso es precisamente lo que pedimos al Gobierno, que hable con la verdad y que no oculte lo que para todos es conocido», dijo Sosa, respecto de lo antes descrito y de las falencias que tiene la Policía para combatir a los criminales. «Aquí tienen que pedir hasta para el combustible de las motos, o hacer una minga para comprar una batería para un patrullero», añadió.

La Alcaldesa insistió en que lo que se vive en Esmeraldas también responde al abandono «de todos los Gobiernos de turno», no solo en el ámbito de la seguridad, sino en la dotación de servicios básicos para la población, como agua potable y alcantarillado. Además, el cierre de universidades por motivo de recorte de presupuestos también contribuye a la crisis que hoy se atraviesa, dijo Sosa. Aseguró que durante su administración se han llevado adelante trabajos, dentro de sus competencias, en beneficio de la ciudadanía, como la inversión de USD 2 millones para la instalación de cámaras de seguridad en distintos sectores.

De su lado, Luis Córdova, coordinador del programa Orden, Conflicto y Violencia, explicó que en la situación que vive de Esmeraldas convergen tres factores: violencia estructural, en la falta de acceso a los servicios básicos; su ubicación geográfica, pues al ser una provincia fronteriza, colinda con los departamentos de Colombia que más plantaciones de coca poseen. Esto da paso a la penetración de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico; y, la profundización del modelo extractivista, «del cual no se habla mucho».

Para el experto, existe complicidad entre estos grupos y las industrias agro extractivistas, fundamentalmente tres: tala ilegal de bosques, palmicultura y minería. «En los últimos 20 años, con distintos momentos, hay una mayor migración del campo a la ciudad, porque las condiciones rurales se han deteriorado enormemente», acotó. Estos tres factores no están siendo analizados por el Gobierno, continuó Córdova, por lo que se hace urgente la articulación de esfuerzos con las autoridades locales para que se genere un cambio genuino.

Criticó que el diagnóstico del Ejecutivo sea «superficial y autocomplaciente». Superficial, debido a que intenta resolver las amenazas, sin atender las vulnerabilidades internas que tiene el Régimen, como la infiltración de delincuentes en las filas de la fuerza pública. Autocomplaciente, porque mide el éxito de la gestión en base a la cantidad de droga incautada o de bandas desarticuladas, «sin importar la cantidad de muertos« que hay detrás.

Enfatizó en la necesidad de que el Estado realice mayor inversión para la provisión de bienes y servicios públicos, además de quitar «base social» a las organizaciones criminales para que puedan ser debilitadas y no continúen reclutando a niños y jóvenes sin oportunidades, para cometer actos delictivos. Además, acotó, se hace urgente elaborar una política de drogas, para que por medio de la despenalización de algunas sustancias se pueda quitar el poder que tiene el narco.

De su lado, Juan Endara, director del medio de comunicación Telecosta, retrató la situación del periodismo en la provincia, donde se ha vuelto «muy complejo» informar sobre estos temas debido a las represalias que pueden generarse por parte de los grupos armados. «La manera de protegernos es tratar los casos de forma bastante delicada«, explicó el periodista.

Reconoció que, a raíz de las acciones dispuestas por el Ministerio del Interior, se ha evidenciado una «ofensiva» de la fuerza pública, sobre todo en los sitios más conflictivos, aunque no se ha registrado la captura de cabecillas o integrantes de las organizaciones criminales.

Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, afirmó que el Gobierno ha asumido el problema de Esmeraldas «con enorme responsabilidad», pues indicó que el conflicto no surgió durante la actual administración de Guillermo Lasso, sino que responde a la «permisividad» de los gobiernos anteriores.

Destacó la inversión que se ha hecho desde el Estado, por USD 1.200 millones para la seguridad e informó que desde la Cartera que preside se ha incrementado la inversión de USD 75 millones a USD 82 millones, en diferentes programas para la población.

Bernal dijo que se están desarrollando proyectos para prevenir que niños y jóvenes continúen siendo reclutados por las bandas delictivas. Además, destacó que durante la gestión de Lasso se han creado más de 500 mil empleos adecuados, que permitirán ir cambiando, de a poco, la crítica situación de Esmeraldas.

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