La pugna que se mantiene en torno al manejo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pone en evidencia los intereses de la Asamblea Nacional y de los consejeros de mayoría, a quienes se acusa de estar auspiciados por el Gobierno. Acusaciones de lado y lado dejan entrever que los fines para los que fue creado el organismo quedan en segundo plano, y que lo que prima es la lucha de poderes para seleccionar a las autoridades de control. Mientras tanto, consejeros de mayoría y minoría defienden la legalidad de sus actuaciones.

En Más Allá de los Hechos con Fausto Yépez, David Rosero, consejero del CPCCS, aseguró que los conflictos que existen a la interna del organismo son de entera responsabilidad del Gobierno Nacional y se remontan a la intervención que se registró el 9 de febrero de 2022, cuando se cambió la dirección del organismo, «de una forma arbitraria e ilegal».

Para Rosero, la llegada de Hernán Ulloa a la presidencia del Cpccs, que la obtuvo «por ser un militante de CREO», derivó en la crisis institucional por la que atraviesa ese poder del Estado, en la que ha permanecido estancado para la designación de autoridades como el Contralor General del Estado o el titular de la defensoría del Pueblo. «Tuvieron todo el tiempo del mundo y no han hecho nada», criticó el consejero.

Asimismo, rechazó que cuando por fin se logró elegir a la autoridad de la Superintendencia de Bancos, lo que hizo el Gobierno fue rodear las instalaciones de la entidad con policías para que no pudiera ejercer su cargo. Por ello, afirmó que existe una estrategia «maquiavélica» del presidente Guillermo Lasso para tomarse el Cpccs y obstaculizar los concursos de designación y luego, a través de la consulta popular, tratar de «vender» la solución para los problemas que él mismo ha causado.

Frente al juicio político que decidió la censura y destitución de los consejeros de mayoría, Rosero negó que de parte del Legislativo se haya intentado «salvar» a los otros tres vocales que no formaron parte del mismo, gracias al apoyo de la bancada correísta de UNES, los social cristianos y el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela. Precisó que todas las fuerzas políticas de la Asamblea, a excepción del oficialismo, apoyaron la destitución de los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanra Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, debido a que habrían cambiado las reglas para la elección del Contralor, a mitad del proceso.

Por otro lado, Rosero cuestionó la resolución de un juez del cantón La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas, que restituyó a esos consejeros en el cargo, pues indicó que previamente ya se presentaron 15 acciones constitucionales para lograr revertir lo resuelto por la Asamblea Nacional. Alertó que una de las intenciones de Lasso, con el referendo que se va a desarrollar en 2023, es declarar desiertos los concursos de méritos y oposición y con ello continuar prorrogando en sus funciones a quienes ya desempeñan los cargos.

De su lado Hernán Ulloa, presidente restituido del Cpccs, negó que reciba órdenes del presidente Lasso y, en cambio, acusó a los consejeros de minoría y a los partidos políticos que los apoyan, de querer tomar el control del organismo para así apropiarse de los procesos de designación de autoridades. Aclaró que el juicio político con el que se los destituyó anteriormente, no fue por «cambiar las reglas del juego» como se los acusa, sino por mocionar para hacer modificaciones que consideraban necesarias. «El incumplimiento es no presentar mociones, y a nosotros nos llevaron a juicio por presentarlas», añadió.

Asimismo, aseguró que son los tres vocales de minoría (David Rosero, Sofía Almeida y Juan Javier Dávalos) son quienes están «blindados» por las fuerzas de oposición, de quienes estarían recibiendo órdenes para cumplir con su cuota política. Ulloa recordó que las irregularidades en el proceso que tuvieron como resultado su destitución se evidencia en la falta de un informe donde se recomiende esa acción, y por ello se habría violado el debido proceso.

Aseguró que su intención es que se paren las pugnas que existen en torno al organismo que preside y exhortó a que se respeten las decisiones judiciales. Añadió que el cambio de autoridades en el CPCCS, fue decisión de los cuatro consejeros de mayoría y no del Gobierno, y que gracias a ello conocieron diversas irregularidades que se daban en el mismo y que habría estado paralizado las actividades por tres meses previo a la decisión. «Si no hubiera sido por eso, jamás nos hubiésemos enterado de que el asesor de Sofía Almeida (expresidenta), estaba en conversaciones con el Gobierno para poner a dedo las comisiones ciudadanas de selección», reveló.

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