En Notimundo al Día, Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas, señaló que recibió del presidente de la República, Guillermo Lasso, la disposición de hacer una evaluación minuciosa de los funcionarios que deban permanecer y quienes deban salir, en el marco del caso de presunta corrupción que se estaría desarrollando en el sector que preside. Indicó que también se solicitó una revisión de todos los nombramientos de las unidades de negocio que existen en la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), empresas públicas salpicadas por las denuncias.
Santos aseguró que el actual gerente de CELEC, Gonzalo Uquillas, ya hizo el cambio de todo el personal que fue contratado por el exgerente Nicolás Andrade, mientras que en CNEL todavía no se aplica ninguna modificación. No obstante, afirmó que la instrucción del presidente Lasso es tener «tolerancia cero» a la corrupción. Hizo un llamado a que los organismos de control y la comisión multipartidista conformada en la Asamblea Nacional para investigar el caso, den prioridad al análisis de los contratos en el sector eléctrico y reiteró que «ningún pícaro, si lo ha habido, sigue en los sectores estratégicos».
#FernandoSantos: “Los cambios dependen de la @EMCOEP. No se puede cambiar a @EPPETROECUADOR qué desde los años 70 viene acumulando problemas. Lo importante es que no lo estamos ocultando”
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— NotiMundo (@notimundoec) January 23, 2023
Santos explicó que siempre ha estado atento de las publicaciones del periodismo de investigación, pero en este caso, que salpica a altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, incluido Danilo Carrera, cuñado del Presidente, no entendió cuál es la denuncia. «No entendí nada de lo que está pasando en CNEL y CELEC. En las acusaciones no vi algo concreto», apuntó el ministro. Sin embargo, felicitó que ya se estén desarrollando distintos procesos investigativos en torno al caso, y no solo «bulla y escándalo».
En el caso del gerente de Petroecuador, Hugo Aguiar, que ostenta el cargo sin cumplir los requisitos necesarios, Santos no lo considera un acto de corrupción, sino de «ineficiencia» y detalló que la decisión de dejarlo o removerlo depende del titular de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Joaquín Ponce. «Son cerca de 40 funcionarios que están bajo la lupa y, si se encuentra que no cumplen con los requisitos, tenga la seguridad que serán reemplazados con ternas pedidas al Colegio de Ingenieros», sentenció.
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