Con la autorización del porte de armas de uso civil para defensa personal, el Gobierno Nacional concedió nuevas atribuciones a las empresas de seguridad. Una de estas, es vigilar los alrededores de los recintos sobre los que ejercen guardianía.

En Notimundo A La Carta, Rubén Salvador, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador, aseguró que la firma del decreto ejecutivo 707, no aplica una “política acertada” que contribuya a la disminución de los niveles de violencia en el país, ya que este sector carece de una capacitación integral “adecuada” para el personal, quienes tampoco cuentan con un marco legal de acción ante cualquier imprevisto en actos delictivos.

Salvador informó que en el Ecuador hay 250 mil trabajadores de la seguridad privada, de los cuales, muchos de ellos no están afiliados al Seguro Social, además, indicó que las empresas no cuentan con el armamento “necesario” para garantizar un apoyo eficiente a las fuerzas del orden público en el combate contra la delincuencia.

El presidente de la federación señaló que, para ejecutar esta medida de cooperación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el Gobierno primero debió generar políticas públicas para fortalecer la seguridad privada, por lo que otorgar esa responsabilidad a los trabajadores del sector privado es muy apresurado y “no es adecuado”.


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