En Notimundo al Día, Lorena Piedra, experta en seguridad e inteligencia del Estado, consideró que la decisión de autorizar la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal respondió al contexto político y la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país, pero aseguró que fue una medida precipitada.
Explicó que los problemas de fondo, como el incremento de muertes violentas o la penetración del crimen organizado, no se solucionarán con la medida anunciada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en cadena nacional, sino que esto dará pie a que las estadísticas «se disparen». «No podemos pensar que el Estado tiene la capacidad de controlar todos los requisitos que existen para el porte de armas», indicó.
Piedra calificó como «débil» a la capacidad de control del Estado, por lo que no existirían garantías al momento que permitan que únicamente los perfiles idóneos accedan a un arma de fuego.
De igual forma, expresó su preocupación de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) sea el ente rector de otorgar el certificado referente a salud mental para el porte de armas. «Este Ministerio que está plagado de denuncias de corrupción y donde se ha procesado a varios funcionarios», criticó.
En este sentido, manifestó la urgencia de una política criminal, en donde intervenga el Gobierno y la sociedad civil para que se contemplen aspectos varios, desde la prevención hasta las sanciones. “Esta es una deuda pendiente, que hace 12 años se ha intentado construir”, apuntó.
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