El Consejo de la Judicatura (CJ) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) buscan que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, rinda cuentas por un supuesto plagio de su tesis universitaria. En Notimundo al Día, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, explicó que este procedimiento es totalmente irregular, pues Salazar no es susceptible a los controles disciplinarios de la Judicatura.

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En Notimundo al Día, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, explicó que este procedimiento es totalmente irregular y que la fiscal Diana Salazar está siendo «arrinconada» desde varios frentes, con la finalidad de separarla del cargo. Recordó que, inicialmente, el CJ recibió un informe de la Dirección de Control Disciplinario, donde se recomendaba el inicio de un sumario administrativo en contra de Salazar y que el Pleno suspenda a la funcionaria por 90 días.

Si bien reconoció que esa es una de las competencias de la Judicatura, aclaró que únicamente aplica para los servidores públicos de la carrera judicial. «Ahí es donde viene la falta de comprensión y -probablemente- la viveza de los vocales del CJ, respecto de si la fiscal es o no funcionaria de la carrera judicial», apuntó. En este sentido, insistió en que Salazar, según el Código Orgánico de la Función Judicial, está excluida de ese ámbito disciplinario, por lo que no está sometida a los controles del CJ.

Quintana resaltó que, al no poderla suspender ni sumariar mediante este mecanismo, se abrió un nuevo frente en el Cpccs, donde lidera una mayoría correísta que buscaría cumplir con el objetivo de destituir a Salazar del cargo. Recordó que poco después de la posesión de los vocales del Cpccs, la Fiscal abrió una investigación previa por intentar revisar su designación, lo cual está prohibido por un dictamen de la Corte Constitucional (CC) emitido en 2019.

Reiteró, además, que Alembert Vera, titular del Cpccs, no tiene facultades para decir que se podría destituir a Salazar, en caso de no asistir a la convocatoria a audiencia pública, hecha para el viernes 2 de junio y a la cual la Fiscal ya adelantó que no asistiría.

El Cpccs inició otra interpelación en contra del fiscal subrogante, Wilson Toainga. A pedido del ciudadano Manuel Pérez Rendón, el equipo de abogados del organismo elaboró un criterio jurídico en el que se recomienda a los siete vocales solicitar al CJ que informe si Toainga fue designado con base en el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Este miércoles, la Fiscalía hizo un llamado al Cpccs, para que actúe apegado a la Constitución y recordó también que la designación de la autoridad subrogante no le compete al CJ.

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