El pasado 01 de agosto, la Corte Constitucional (CC) admitió una demanda presentada por varios colectivos, entre ellos la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), para suspender, de forma provisional, la realización de consultas ambientales sobre actividades mineras.
El organismo consideró verosímil, inminente y potencialmente dañina, la aplicación de este tipo de consultas. Esto implica que empresas mineras retrasen sus proyectos, ya que existe un vacío legal para que se otorguen licencias ambientales.
Para el economista Alberto Acosta Burneo, ciertos grupos pretenden limitar, o eliminar la actividad minera, bajo un “falso dilema” de que se debe priorizar la producción o la naturaleza. Indicó que “se pueden hacer las dos cosas a la vez”.
Añadió que los ingresos por esta actividad podrían, en menos de cinco años, superar a los provenientes de la actividad petrolera. Explicó que, actualmente, los ingresos superan los USD 3 mil millones, y que próximamente superarían los USD 9 mil millones.
Acosta advirtió que si se reducen los ingresos al Estado de actividades petroleras o mineras (con la decisión adoptada por la Corte o la consulta popular de extracción en el Yasuní), habrían menos ingresos para invertir en el ámbito de la salud, educación, seguridad, bonos y subsidios.
“Están proponiendo un empobrecimiento. En el caso de la Consulta del Yasuní el país dejará de producir USD 1.500 millones por años, el Estado deberá achicar su nivel de consumo. Si es que reducimos los ingresos van a caer los gastos”, manifestó.
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