Para Nicole Bonifaz, vicepresidenta del Cpccs, la veeduría solicitada por la ciudadana Betty Mercedes Moreira Marcillo y dispuesta por el juez Multicompetente de la Unidad Judicial de Montecristi, en Manabí, Leiver Patricio Quimís Sornoza, se va en contra del dictamen interpretativo que la Corte Constitucional (CC) emitió el 7 de mayo de 2019, donde se blindan las decisiones del Consejo de Participación Transitorio para que estas no puedan ser revisadas por el CPCCS definitivo.
Bonifaz lamentó que la noticia la haya conocido por medios de comunicación y no mediante el cuerpo colegiado al que pertenece. Además, recordó que el pasado 31 de agosto solicitó un informe jurídico sobre las implicaciones de convocar la veeduría ciudadana, pero no ha tenido respuesta hasta el momento, pese a la insistencia que hizo el lunes 4 de septiembre.
.@nicolebonifaz: «La decisión de crear una veeduría fue unilateral. No teníamos conocimiento de esa sentencia, me enteré por los medios de comunicación. Esta es una de las muchas razones por las cuales he tomado distancia».
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— NotiMundo (@notimundoec) September 6, 2023
Enfatizó en que, de dar paso a la veeduría, se podrían generar implicaciones legales «muy preocupantes» que afectarían a los siete consejeros, por lo que calificó de «irresponsable» el proceder del titular del organismo, Alembert Vera. «No sé lo que busca, pero yo quiero precautelar la institucionalidad y no irnos en contra de la Constitución», apuntó.
Finalmente, respetó que cada integrante del Cpccs tenga su posición y criterio, pero insistió en que esto no se trata de lo que diga la mayoría o minoría del organismo, sino lo que dicta la ley. «Nos guste o no, existe un dictamen previo de la CC y debemos acatarlo», puntualizó.
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