Miño explicó que los hechos de violencia en Ecuador se han incrementado en un tiempo muy corto y de forma rápida, algo que no ha ido de la mano con la capacidad de reacción de la fuerza pública. A esto se suma la falta de estrategias para garantizar la labor de todos los operadores de justicia, que -como ocurrió con el fiscal Édgar Escobar en 2022 y con César Suárez en 2024- han sido víctimas de los grupos delincuenciales.
Respecto de la creación de un programa para la protección de jueces y fiscales, Miño criticó que este no ha visto la luz hasta el momento, pese a los hechos que se registran en el país. A su criterio, esto responde a la rapidez con que ha avanzado la criminalidad y a la falta de experiencia en este tema por parte de los gobiernos de turno.
Miño insistió en que muertes como la de Suárez no pueden quedar en la impunidad y se deben investigar los hechos a profundidad, pues se conocía que trataba temas delicados que podían poner en riesgo su vida, como finalmente ocurrió. «¿Cuáles eran los protocolos aplicables en este caso?», cuestionó.
Recordó que la función judicial atraviesa por una situación de precariedad en la asignación de recursos desde hace algún tiempo atrás, lo que también ha complicado ejecutar ciertas acciones que salvaguarden la integridad de jueces, fiscales y abogados. «En un contexto de precariedad, hay que suponer que no se van a satisfacer urgencias como la de seguridad», agregó.
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