Ramos enfatizó que es importante conocer el contexto en el cual se desarrollan los hechos, donde existe el interés de las empresas mineras por generar réditos económicos, pero también la postura de los pobladores donde se llevan a cabo estos proyectos.
Recordó que en Ecuador se han llevado a cabo cuatro consultas populares, donde se incluyeron preguntas sobre la actividad minera, y siempre se ha impuesto la voluntad de prohibirlas para priorizar la conservación del medio ambiente.
Por otro lado, indicó que al menos 10 acciones jurídicas constitucionales han determinado que estas empresas destruyen la naturaleza y los derechos de las comunidades, por lo que han terminado en su suspensión, como el caso de Los Cedros o el de Río Blanco.
Respecto de la consulta ambiental que se busca hacer en la parroquia de Palo Quemado, en Cotopaxi, afirmó que no existe democracia en el proceso, pues se la está haciendo en función de la empresa minera interesada. «Debería existir una Ley Orgánica que norme la aplicación de la consulta ambiental, esto no está ocurriendo», lamentó.
Ramos alertó que la zona donde se quiere llevar a cabo el proyecto, cuenta con fuentes importantes de agua y con una gran biodiversidad, por lo que se pondría en riesgo al medio ambiente y las vidas de quienes habitan la zona.
En este sentido, precisó que la Alianza por los Derechos Humanos, de la cual forma parte Acción Ecológica, busca que la Fiscalía «tome en serio» las denuncias de represión hechas por los comuneros, así como que el Gobierno suspenda la socialización y participación, que estaría violando el derecho a una consulta ambiental libre, previa e informada.
Además, se exige el respeto por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas al derecho a la resistencia.
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