Benavides recordó que preguntas como la relacionada a la extradición, ya fueron planteadas en la consulta popular propuesta por el expresidente Guillermo Lasso, pero que en ese entonces no tuvieron el apoyo ciudadano.
Esta vez, dijo, se amplió el campo de delitos que pueden ser objeto de esta decisión, por lo que se considera un avance para el país en el combate contra la delincuencia transnacional. Agregó que estos procesos de democracia directa van ligados a la popularidad del mandatario, por eso se entiende que esta vez tuvo una aprobación mayoritaria, algo que no sucedió en el gobierno de Lasso.
Respecto del establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales, Benavides explicó que es la finalidad es que se haga un uso adecuado de estos recursos, sobre todo en el contexto de la entrega irregular de los mismos, muchas veces otorgados en casos de corrupción y narcotráfico.
«Esperemos, por el bien del país, que en su implementación se puedan lograr los objetivos», acotó. Estos jueces especializados se deberán establecer en los 221 cantones del país, precisó.
En el ámbito político, Benavides señaló que el ganador en temas generales es la sociedad, aunque insistió en que se perdió la oportunidad de reducir la inestabilidad laboral, al no dar paso a la propuesta del trabajo por horas.
Agregó que cinco días después de la proclamación de los resultados oficiales, el Gobierno debe enviar a la Asamblea Nacional una serie de proyectos para que sean aprobados en 60 días. «Corresponderá al Ejecutivo hacer los acercamientos para que se puedan aprobar», puntualizó.
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