La madrugada del sábado 29 de junio, la Fiscalía General del Estado ejecutó nuevos allanamientos y detenciones dentro del caso Plaga, donde se investiga una estructura de delincuencia organizada conformada por jueces, fiscales, policías y otros funcionarios del sistema judicial.
Paúl Ocaña explicó en NotiMundo al Día que las nuevas vinculaciones se dieron después del testimonio anticipado que rindió uno de los abogados procesados, el cual develó ciertos actos de corrupción presuntamente cometidos por Christian Romero, exabogado del narcotraficante asesinado Leandro Norero.
Ocaña lamentó que sigan saliendo a la luz casos de funcionarios del sistema de justicia que están vinculados con la delincuencia organizada, pero reconoció que «se debe tocar fondo» para poder llevar a cabo una verdadera depuración. A su criterio, con los casos Metástasis, Purga y Plaga se han abierto otras causas, que permiten acelerar ese proceso.
«Siempre hemos puesto en conocimiento público estos actos de corrupción; con los procesos que se llevan actualmente, vamos a conocer todos los actos de corrupción cometidos», apuntó, y aclaró que existen muchos casos de jueces, abogados y fiscales honestos, que deben visibilizarse para dar luces de esperanza de que no todo está perdido en la justicia ecuatoriana.
Llamado al Gobierno para atender a la función judicial
Ocaña insistió en el llamado que se hizo en días pasados desde el Colegio de Abogados de Pichincha, para que desde el Consejo de la Judicatura se tomen medidas inmediatas para dotar de los insumos necesarios a todas las Unidades Judiciales del país, pues al momento están atravesando una crítica situación.
Al momento, aseguró, no cuentan con papel, tinta, boletas, comprobantes y otros insumos que complican garantizar procesos eficientes para los usuarios. Asimismo, exhortó al Gobierno para que se asignen los recursos correspondientes y que se brinde protección para quienes laboran en esta función del Estado.
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