Campaña recalcó que el proceso fiscalizador al Metro de Quito se lo ejecuta de forma permanente, con el objetivo de cuidar los recursos de la ciudadanía.
En este sentido, recordó que existen cuatro contratos pendientes para el adecuado funcionamiento del sistema de transporte: el de mantenimiento de los 18 trenes; el del sistema de energía, que está en proceso; un tercero tiene que ver con señalización ferroviaria, que está en fase preparatoria; y, el cuarto, que es para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Metro.
Una de las preocupaciones con este último, dijo Campaña, es que la obra civil todavía no ha sido entregada a la ciudad, y esto responde a la falta del sistema de recaudo, el de piloto automático, entre otros.
Según el concejal, en noviembre de 2015 se suscribió el contrato con Acciona – Odebrecht, por USD 1.538 millones. Sin embargo, las prórrogas han hecho que actualmente se supere los USD 1.600.
Señaló que Acciona – Odebrecht asumió el contrato del Metro y ofreció entregar la obra civil en 42 meses a partir del inicio de la misma, por lo que en 2019 se debía entregarla en su totalidad.
Cinco años después, esto no se ha concretado. Desde agosto de 2022, no se ha pasado el 99% de la obra, reveló Campaña. «Nosotros no hemos cobrado un solo dólar por incumplimiento de contrato», lamentó. Esto, debido a las constantes prórrogas que se han dado por parte de las autoridades de turno.
En este contexto es que ahora se lleva adelante el proceso de adjudicación para el mantenimiento de la obra, sin que esta esté 100% entregada a la capital. Ahora, las alertas se encendieron por el proceso de licitación, donde se está otorgando 15 días para que las empresas presenten sus ofertas, por USD 55 millones. «Técnicos y exgerentes nos señalan que en ese plazo presentar una propuesta, es inviable», señaló, y por ello todo apunta a que Acciona sería quien sea adjudicada el contrato.
Asimismo, Campaña aclaró que Acciona, como toda empresa, tiene derecho a participar en el concurso, sin embargo, insistió en que las máximas autoridades deben velar por los intereses de los capitalinos y no por los de una u otra compañía.
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