La concejala insistió en que las actuaciones de las autoridades no deben ser por la coyuntura política, sino en base a las necesidades de la ciudadanía. En este sentido, recordó las críticas que se generaron con la implementación de los controles de tránsito para reducir los siniestros en las vías, pero gracias a esta gestión los accidentes durante julio y agosto se redujeron en un 53 %.
En cuanto a los incendios forestales registrados en algunos sectores de Quito, destacó que la semana pasada se llevó a cabo un Consejo de Seguridad Metropolitana, con funcionarios municipales y de Gobierno, pero indicó que el ECU911 está realizando un estudio para determinar en dónde se ubican las cámaras de seguridad dotadas para el Municipio. Algunas de ellas, dijo, no funcionan.
El ECU911 debe determinar cuántas de las 1.400 cámaras que existen en la ciudad están cumpliendo su función, y de esta forma viabilizar las gestiones de instituciones como la Agencia Metropolitana de Control (AMC), para ubicar y sancionar a los responsables de los incendios forestales. A estas labores se suman cerca de 3.400 efectivos de la Policía Nacional.
Por otro lado, recalcó que con la ordenanza ‘Verde-Azul’ que establece como sanción grave a quienes ocasionen estas emergencias, y que determina una sanción económica de hasta USD 34.500 para quienes usen fuego no autorizado en áreas de restauración, quemen residuos, quienes provoquen incendios con pirotecnia, entre otras. «La normativa, que fue aprobada hace más de un año, debe hacerse uso», apuntó Grunauer.
La Concejala hizo un llamado a que se aplique ‘mano dura’ por parte de las autoridades, y adelantó que ese pedido lo hará en la sesión del Concejo Metropolitano de este martes, para que se informe las sanciones establecidas para quienes han sido identificados como causantes de incendios.
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